En un acontecimiento significativo dentro de la judicatura española, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto nuevamente a Dolores Delgado para el cargo de fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esta decisión llega después de que el Tribunal Supremo anulara un nombramiento previo por considerar que no se dio oportunidad al Consejo Fiscal de evaluar una posible incompatibilidad de Delgado debido a su relación con el exjuez Baltasar Garzón, especializado en los mismos temas.
La controversia persiste, ya que, a pesar de la anulación anterior, la reacción del Consejo Fiscal ha sido nuevamente de rechazo, con siete de sus doce vocales negándose a votar. Estos vocales argumentan que se les ha privado del derecho a debatir adecuadamente sobre la idoneidad de Delgado para el puesto, reiterando el conflicto de intereses que podría representar su vinculación con Garzón.
Ante esta situación, García Ortiz ha procedido con la propuesta de nombramiento argumentando que la compatibilidad de Delgado ha sido aprobada por el Consejo Fiscal, con cinco votos a favor. Esta aprobación, según indica la Fiscalía General del Estado, otorgaría la validez necesaria para proceder con el nombramiento, a pesar de las objeciones y la ausencia de votos de los siete vocales restantes.
El enfrentamiento muestra una clara división dentro del Consejo Fiscal y anticipa posibles repercusiones legales, ya que se abre la puerta a nuevos recursos ante el Tribunal Supremo por parte de las asociaciones de fiscales, aunque estas aún no han confirmado si tomarán ese camino.
Adicionalmente, García Ortiz tomó la decisión de no acceder a las recusaciones presentadas por Delgado contra tres de los doce vocales del Consejo Fiscal. Estas solicitudes buscaban excluir a ciertos miembros por presunta enemistad y conflicto de intereses, algo que la propia Fiscalía General del Estado ha considerado no procedente, manteniendo la posición de avanzar en el proceso de nombramiento de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Supremo.
Este escenario evidencia las complejidades y desafíos que enfrenta el sistema judicial español en términos de nombramientos y la gestión de posibles incompatibilidades, resaltando la importancia de procesos transparentes y justos que fortalezcan la confianza en las instituciones judiciales del país.
