En Getafe, un conflicto ha surgido en el corazón de la comunidad del Sector III, donde los residentes se han encontrado en desacuerdo con el desarrollo urbano planeado. El centro de la controversia es la próxima construcción de una gasolinera, cuya proximidad a las viviendas ha alarmado a los ciudadanos por posibles riesgos para la salud y la seguridad. La gasolinera, en construcción desde hace dos semanas, estará ubicada a menos de 30 metros de las primeras casas de la calle Islas Cíes, una distancia que muchos consideran peligrosamente cercana.
El descontento no es reciente. La oposición al proyecto tiene sus raíces en una decisión judicial de diciembre, que resolvió un litigio en favor de los promotores, obligando al Ayuntamiento a conceder la licencia necesaria para la construcción, a pesar de haberla denegado en 2021. Esta situación resulta aún más frustrante para los vecinos al recordar que, desde 2017, el Ayuntamiento ha intentado, sin éxito, obtener la aprobación de una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte de la Comunidad de Madrid. La propuesta buscaba establecer un cordón de seguridad mínimo de 100 metros, medida reducida posteriormente a 50 metros en un intento de compromiso, que hasta la fecha no ha sido ratificado.
María Luz Martínez Lorente, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, expresó su desilusión al constatar que, a pesar de los esfuerzos, la gasolinera permanece tan cerca de las viviendas como en los planes iniciales presentados por la empresa. Esta persistencia ha llevado a los residentes a buscar amparo en instancias superiores, incluyendo el Defensor del Pueblo. Apoyan su causa en estudios, como el publicado en el Journal of Environmental Management por el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia, que relacionan la cercanía de estaciones de suministro de hidrocarburos con niveles elevados de benceno en el aire, un riesgo potencial para la salud.
En un esfuerzo por contrarrestar el proyecto, tanto el Ayuntamiento como los vecinos del sector han colaborado en la recolección de firmas, protestando por la puesta en marcha de la gasolinera y defendiendo el bienestar de la comunidad. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, criticó la postura de la Comunidad de Madrid al negarse a regular la distancia mínima entre este tipo de instalaciones y las zonas residenciales, un hecho que considera un desafío a la seguridad ciudadana.
Paralelamente, la intranquilidad crece entre los habitantes como Martínez, quienes temen no solo por la contaminación atmosférica, sino también por el riesgo de filtraciones en el subsuelo que podrían afectar a las viviendas en el futuro. La proximidad de parques infantiles y zonas comerciales acentúa la preocupación sobre el impacto que la gasolinera podría tener en la cotidianidad de la zona.
En resumen, los residentes del Sector III de Getafe se encuentran en una lucha constante por preservar la integridad de su entorno frente a un proyecto que, a su juicio, amenaza directamente su salud y seguridad. A pesar de los desafíos legales y la resistencia comunitaria, la construcción de la gasolinera avanza, dejando un futuro incierto para la armonía y bienestar del área.
