En Huesca, la intención de la alcaldesa Lorena Orduna, del Partido Popular (PP), de incrementar su salario un 25% ha causado un remezón en el panorama político local. Esta propuesta, que elevaría su remuneración de 50.000 a 62.500 euros, ha sido rápidamente cuestionada y finalmente retirada antes de su debate en el pleno municipal. La justificación de Orduna para este aumento era «dignificar» el oficio y el cargo, pero la falta de apoyo, incluso entre sus propios aliados, ha marcado un fracaso en su ejecución.
La negativa unánime de la oposición, encabezada por el PSOE y extendida por otras formaciones, incluido Vox y un concejal no adscrito exmiembro de este último, ha dejado en evidencia la compleja dinámica de poder en el ayuntamiento de esta ciudad aragonesa. A pesar de las explicaciones de los distintos grupos sobre sus razones para rechazar el incremento, el foco de la controversia se ha centrado en el momento elegido para proponer la medida, más de un año después de asumir el cargo, y no al principio del mandato como sugiere la tradición y la buena práctica política.
El trasfondo de esta situación reaviva un debate más amplio en España sobre la remuneración de los políticos. Comparada con el sueldo medio del país, que ronda los 26.000 euros anuales, la cifra propuesta y aún más la actual remuneración de la alcaldesa parecen desorbitadas. Sin embargo, expertos como Verónica Crespo, aragonesa y doctora en Comunicación Política, señalan que, en comparación con el sector privado, los políticos españoles están relativamente «mal pagados». Ejemplifica esto con el salario del presidente del Gobierno y de los ministros, contrastándolos con los ingresos multimillonarios de directivos de grandes empresas.
La propuesta de subida salarial para la alcaldesa de Huesca y otros cargos municipales, que también incluía aumentar el número de ediles con dedicación exclusiva, ha terminado por no prosperar. Este episodio, más allá de sus particularidades locales, invita a la reflexión sobre los paradigmas de retribución en la política española, poniendo en la balanza desde el sustento de los cargos electos hasta la percepción pública de su remuneración, en un contexto donde las comparativas con el sector privado arrojan más sombras que luces sobre el asunto.
