En un contexto donde la seguridad europea cobra una nueva dimensión con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha tomado la posta para enfatizar la importancia de que la Unión Europea (UE) avance hacia una mayor autonomía estratégica en materia de defensa. Durante una serie de encuentros con los grupos parlamentarios, aunque sin desvelar pormenores financieros, Sánchez ha manifestado su respaldo a la iniciativa de asegurar que los países miembros de la UE asuman directamente la responsabilidad de su propia seguridad, marcando un hito en la política de defensa europea.
Sánchez ha reafirmado su compromiso de aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB antes del 2029, superando el actual 1,28% destinado en 2023, aunque los detalles específicos sobre los montos y la estrategia de financiación aún están por definirse. La expectativa es que la próxima cumbre de la OTAN, programada en La Haya, sirva de plataforma para precisar estas cifras y compromisos.
La convicción de Sánchez se sustenta en la necesidad de hacer frente a desafíos emergentes, incluido el denominado «neocolonialismo» ruso, y en el propósito de no retrasarse en lo que respecta a la vanguardia tecnológica. Apuesta por un «salto tecnológico» que, afirma, ha sido postergado a pesar del potencial científico y académico de España y de Europa en su conjunto.
Asimismo, Sánchez trata de tender puentes hacia una definición más amplia de defensa, que incluya el gasto dedicado a la seguridad fronteriza y a la lucha contra ciberataques. Propone, además, no perder de vista el impacto que la inversión en defensa puede tener en el tejido tecnológico y empresarial, particularmente en startups y pymes, vinculando este esfuerzo a la dinámica transformación energética hacia las renovables vivida anteriormente.
Sin embargo, este curso de acción no está exento de controversias. Mientras el gobierno examina cómo articular estos nuevos compromisos de gasto en defensa con los objetivos de estabilidad presupuestaria de la UE, también se enfrenta a presiones políticas internas por la exigencia de someter tales planes a la aprobación del Congreso de los Diputados. A pesar de que el presidente ha prometido que no se escatimará en políticas sociales, la demanda de transparencia y consenso legislativo por parte de varios partidos, incluyendo algunos aliados de Sumar, continúa siendo un tema pendiente.
Este nuevo capítulo en la política de defensa europea y española sugiere un reajuste de las prioridades a nivel continental, marcando una transición hacia una era donde la autonomía estratégica y el desarrollo tecnológico pueden ir de la mano. No obstante, las decisiones a tomar en el corto y medio plazo requerirán de un delicado equilibrio entre imperativos de seguridad, sostenibilidad fiscal y la indispensable búsqueda de consenso político.
