El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha salido al paso de las críticas y especulaciones desatadas por la proposición de ley introducida por el PSOE en el Congreso, destinada a reformar el ejercicio de la acusación popular en España. En una intervención en COPE, Puente dejó claro que esta medida legislativa no busca beneficiar de forma directa al presidente Pedro Sánchez ni a su entorno, en respuesta a las voces que señalan lo contrario debido a los casos judiciales pendientes que involucran a allegados al presidente.
Según Puente, el objetivo primordial de esta reforma es fortalecer la democracia española mediante la restricción de las acciones judiciales impulsadas con fines políticos, las cuales, a su parecer, abusan del sistema penal para desgastar a los contrincantes políticos. Esta situación ha generado una discusión sobre el papel de la acción popular en el sistema judicial español, mecanismo que permite a ciudadanos y asociaciones personarse como acusación en procesos penales, incluso si no son las víctimas directas del delito.
El ministro expresó su respaldo a una revisión cuidadosa de esta práctica, de modo que la justicia no se instrumentalice para la lucha política. Asimismo, defendió la supresión de los delitos por ofensas religiosas del Código Penal, argumentando que tales disposiciones son contrarias a los principios de una sociedad democrática y pueden derivar en interpretaciones y aplicaciones problemáticas.
En cuanto a la preocupación sobre si la reforma podría influir en casos judiciales abiertos que afectan a familiares de Pedro Sánchez, Puente afirmó que cualquier efecto de la ley sobre procesos en curso quedará determinado una vez se establezca un régimen transitorio específico, el cual no ha sido aún discutido.
Este debate emerge en un contexto en el que Puente también comentó aspectos de la esfera internacional, como la situación política de Venezuela y el no reconocimiento del Gobierno español a Edmundo González como embajador venezolano, haciendo énfasis en que cambios de este tipo no solucionarían la crisis venezolana.
La iniciativa de reforma ha suscitado una amplia gama de reacciones, incluidas las de las asociaciones judiciales, a las que Puente se refirió indicando que, a lo largo de la tramitación parlamentaria de la propuesta, se incorporarán sus sugerencias y propuestas. Con esta medida, el Gobierno del PSOE parece decidido a recalibrar el balance entre justicia y política, aunque persisten las dudas sobre sus verdaderas implicaciones y efectos.
