Durante la sesión de control en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el compromiso de su ejecutivo con la protección social y la redistribución de la riqueza en España. Sánchez enfatizó la compatibilidad entre el crecimiento económico y las iniciativas sociales implementadas, en respuesta a Mertxe Aizpurúa del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
El presidente mencionó como ejemplos de redistribución exitosa el Ingreso Mínimo Vital, que beneficia a 2 millones de personas; el aumento de las pensiones; el incremento del salario mínimo en más de 400 euros al mes; y el considerable crecimiento del 137% en la ayuda a la dependencia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. | Pool Congreso
Prioridades del Gobierno y de los ciudadanos
«España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas», afirmó Sánchez, al ser preguntado por Alberto Núñez Feijóo del Grupo Parlamentario Popular. Entre las prioridades del Gobierno, Sánchez destacó la consolidación del crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos, la atención al problema de la vivienda, y la lucha contra la desigualdad y la defensa de la paz a nivel internacional.
Pedro Sánchez resaltó el reconocimiento internacional de la economía española por parte de publicaciones como The Economist y el crecimiento destacado por la OCDE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entra en el hemiciclo acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles. | Pool Congreso
Pluralidad política y diversidad territorial
En su interacción con Míriam Nogueras de Junts per Catalunya, Sánchez explicó que el Parlamento refleja la pluralidad y diversidad política de España, reiterando el compromiso del Gobierno de cumplir con los acuerdos públicos y transparentes firmados con todos los grupos parlamentarios.
Sánchez defendió una «política útil» reflejada en acciones como la Ley de Vivienda en Cataluña, que ha resultado en una reducción de los precios del alquiler y un compromiso para construir 50.000 viviendas durante la legislatura, abordando así el principal problema identificado por la población catalana.
