La Moncloa, Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas urgentes ante el conflicto en Oriente Medio, destinando más de 5.000 millones de euros para apoyar a empresas y hogares españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la Moncloa que el decreto, que beneficiará a aproximadamente tres millones de empresas y 20 millones de hogares, entrará en vigor inmediatamente y busca amortiguar el impacto económico y acelerar la transición energética del país.
Sánchez destacó el coste económico que supone el conflicto para España, insistiendo en la responsabilidad de los líderes políticos en mostrar su rechazo a la guerra. Enfatizó que España se posiciona como el país con el mayor escudo social y económico de la UE contra las repercusiones del conflicto.
«España, el país con el mayor escudo social y económico de toda la UE»
Las medidas aprobadas estarán en vigor por el tiempo necesario y podrían extenderse si la crisis lo requiere. El plan responde a la urgencia de la guerra pero también tiene un componente estratégico para fortalecer la autonomía energética de España.
El presidente hizo hincapié en las tres certezas que los españoles pueden tener frente a la crisis: una mejor preparación del país, la movilización de recursos para proteger a los ciudadanos y las empresas, y el fortalecimiento de la nación tras la crisis.
Sánchez solicita el cese inmediato del conflicto e insiste en la importancia de respetar el derecho internacional, defendiendo la postura pacifista de España y la comunidad internacional.
Medidas fiscales: rebaja en los impuestos de los combustibles y en la factura de la luz
Se han implementado medidas fiscales que incluyen una notable reducción de impuestos energéticos y ayuda a sectores afectados por la crisis. Se reduce el IVA a los carburantes y la electricidad al 10%, se congela el precio del butano y el propano y se dispone de ayudas para los sectores más afectados, como agricultura y pesca.
Además, se encomienda a la CNMC la supervisión y sanción para evitar abusos y se ajustan los impuestos asociados a la electricidad para aliviar la carga en los consumidores.
Se incentiva la transición a vehículos eléctricos y la inversión en energías renovables con deducciones fiscales y bonificaciones en diversos impuestos y peajes.
Escudo social: bono social eléctrico, prohibición de corte de suministros y reducción de peajes a electrointensivos
Se prorroga el escudo social con descuentos en el bono social eléctrico y prohibición de cortes en suministros básicos hasta 2026, y se reduce en un 80% los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
Se flexibilizan los contratos de suministro energético y se amplía la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero.
Transición energética: electrificación e impulso a las renovables
El gobierno apuesta por medidas para robustecer la soberanía energética y fomentar la descarbonización y electrificación, destacando incentivos para el autoconsumo, almacenamiento energético y el fomento de energías renovables.
Se amplia la distancia máxima para el autoconsumo, se promueven comunidades energéticas locales y se incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico, además de facilitar la instalación de sistemas renovables con atención a criterios sociales y territoriales.
