En una escalada de tensiones políticas y judiciales, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lanza duras críticas contra el juez Juan Carlos Peinado, acusándolo de prevaricación por mantener lo que describen como una «investigación prospectiva» hacia Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta investigación, según señalan desde el PSOE, estaría fundamentada en acusaciones de presunto tráfico de influencias y corrupción, algo que los socialistas denuncian como un claro “montaje en beneficio del Partido Popular (PP)”.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene su postura e insiste en que Pedro Sánchez debería dimitir tras ser citado a declarar como testigo en este caso. Sin embargo, desde las filas del PSOE, se defiende la inocencia de Begoña Gómez y se argumenta que estas acciones judiciales no buscan otra cosa que debilitar y finalmente derrocar al gobierno actual a través de medios judiciales, en un claro intento de obtener en los tribunales lo que no se consiguió en las urnas.
Patxi López, portavoz del PSOE, ha confirmado que Pedro Sánchez responderá a las preguntas del juez Peinado, aunque queda por determinar si lo hará por escrito o de manera presencial el próximo 30 de julio en un encuentro programado en Moncloa. López enfatiza el apoyo unánime del partido hacia Sánchez, argumentando que este es un reflejo de la «dignidad de la democracia», y asegura que ni el PP ni Vox lograrán sus objetivos debido a la fortaleza inherente de la propia democracia.
La estrategia de defensa del PSOE ha suscitado ciertas dudas internas, especialmente cuando voces dentro del gobierno, como la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, han comenzado a reconocer que, aunque la actuación de Gómez merece un «reproche moral», es importante destacar que Sánchez se está enfrentando a lo que consideran un «lawfare» judicial.
En respuesta a las recientes acciones judiciales, fuentes del PSOE argumentan que hay otra faceta en este caso que merece atención: los «28 juicios pendientes» que enfrenta el PP por diversos escándalos de corrupción. Además, critican a Feijóo por evitar previamente una citación judicial, contrastando esta actitud con la voluntad mostrada por Sánchez de cooperar con la justicia.
Este conflicto no solo revela las profundas divisiones políticas en España sino que también plantea serias preguntas sobre la intersección de la política y la justicia, la integrididad de las investigaciones judiciales y el papel que estas juegan en la estabilidad gubernamental y la confianza pública. En medio de acusaciones cruzadas y una creciente polarización, el desenlace de esta saga judicial y política se observa con especial interés tanto a nivel nacional como internacional.
