Pedro Sánchez enfrenta su día más duro en el Congreso con un plan anticorrupción que divide aguas
El presidente del Gobierno entró en el hemiciclo con la sombra del caso Cerdán pesando en la sala, pero salió de él con una batería de quince medidas bajo el brazo que, según sus palabras, dibujan «el mayor impulso contra la corrupción en décadas». Rodeado de críticas, tensiones internas y el escepticismo de la oposición, Sánchez defendió su hoja de ruta ante un Congreso polarizado: «Tirar la toalla nunca es una opción».
La estrategia, cocinada con la OCDE y Sumar, descansa sobre cinco ejes: prevención, protección a denunciantes, justicia acelerada, sanciones contundentes y cultura de integridad. Un paquete que promete tocar todos los flancos del poder —administración, empresas, partidos— y que Sánchez juró cumplir «hasta la última palabra».
Prevención con inteligencia artificial y auditorías obligatorias
El primer bloque apuesta por la tecnología como aliada. Una Agencia de Integridad independiente, algoritmos para escrutar contratos públicos y auditorías externas obligatorias para partidos y fundaciones que reciban más de 50.000 euros en subvenciones. El Gobierno también impondrá sistemas de compliance a empresas aspirantes a contratos públicos y someterá a altos cargos a controles patrimoniales aleatorios. «Queremos detectar patrones sospechosos antes de que sea tarde», insistió el presidente.
Escudos para los que alzan la voz
El plan incluye un capítulo dedicado a quienes rompen el silencio: canales de denuncia internos garantizados, anonimato y asistencia jurídica para proteger a quienes expongan irregularidades. «Nadie debería pagar un precio por ser honesto», subrayó Sánchez, en un guiño a los casos recientes de represalias contra whistleblowers.
Juicios exprés y penas más duras
La justicia especializada es otro pilar. El Ejecutivo promete crear tribunales anticorrupción, reforzar la Fiscalía y agilizar procesos con juicios rápidos para cargos públicos, además de duplicar plazos de prescripción y endurecer penas. Un intento de acabar con la imagen de impunidad que lastra a las instituciones.
Listas negras y decomisos preventivos
Las empresas condenadas por corrupción enfrentarán vetos en contratos públicos y multas proporcionales a sus ingresos. La medida más polémica: el decomiso administrativo preventivo, que permitiría incautar bienes presuntamente robados sin esperar a una sentencia firme.
La batalla cultural
Más allá de leyes, el Gobierno aspira a cambiar mentalidades. Encuestas anuales, campañas educativas y formación en ética para funcionarios buscan sembrar una cultura de integridad. La OCDE auditará los avances, un sello que Sánchez esgrime como garantía frente a las críticas.
La oposición, desconfiada
Mientras el PSOE celebró el plan como «histórico», la derecha lo recibió con escepticismo. Vox abandonó el pleno, y el PP lo tildó de «maquillaje legislativo». Alberto Núñez Feijóo, desde su escaño, ironizó: «No se combate el fuego con anuncios».
El presidente cerró su intervención con un mensaje a los ciudadanos: «Este es el principio, no el final». Pero en los pasillos del Congreso ya se sabía: la credibilidad de su promesa no dependerá de discursos, sino de hechos. Y ahí, todos tomarán nota.
