En recientes acontecimientos registrados tanto en Málaga como en Barcelona, la Policía Nacional ha detectado un número inusual de pasaportes expedidos por Gambia. Estos documentos pertenecen a inmigrantes africanos que se identifican como menores de edad. No obstante, una peculiaridad ha suscitado alarma entre los agentes: a diferencia de otros pasaportes gambianos, estos carecen de chip y no incluyen datos biométricos de sus titulares.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron que los individuos acuden a las Oficinas de Denuncia y Atención al Ciudadano (ODAC) de diversas comisarías, presentando un «pasaporte original» que, a pesar de su legalidad comprobada por los especialistas en análisis de documentos de la Policía Científica, presenta datos que podrían ser considerados incorrectos. Este hecho ha llevado a la Policía Nacional a solicitar orientación a la Fiscalía sobre cómo proceder ante estos casos.
Según se ha informado, la práctica común en Gambia de expedir pasaportes sin requerir documentación probatoria, como la partida de nacimiento, ha dado pie a la posibilidad de que estas credenciales sean utilizadas por mayores de edad que buscan beneficiarse de las protecciones otorgadas a los menores no acompañados.
Ante el potencial escenario de estarse frente a una trama de inmigración irregular y falsedad documental, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras considera no dar validez a los pasaportes en cuestión, a menos que sus portadores puedan demostrar su minoría de edad a través de tres pruebas médicas distintas; una medida complicada de implementar dada la magnitud del fenómeno.
La preocupación no solo radica en el desafío que representa identificar correctamente a los individuos, sino también en el temor de que detrás de la emisión de estos documentos se encuentren redes dedicadas a la explotación de la inmigración ilegal.
Mientras tanto, las autoridades están actuando con cautela, emplazando a los portadores de estos documentos a entrevistas con agentes de la UCRIF para determinar la legitimidad de cada caso. La decisión sobre cómo abordar de forma efectiva esta situación está aún pendiente, a la espera de directrices claras por parte de la Fiscalía.
Este caso pone de relieve los desafíos que enfrenta España en su gestión de la inmigración y la importancia de implementar medidas que permitan una identificación eficaz sin comprometer los derechos de los individuos, especialmente aquellos que son realmente menores y vulnerables.
