En una nueva vuelta de tuerca al caso que sacude los cimientos de Moncloa, Cristina Álvarez, la asesora que se vio involucrada en la gestión de negocios privados de Begoña Gómez, comparecerá ante el juez Juan Carlos Peinado como imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias este miércoles. La implicación de Álvarez en el escándalo, tras su comparecencia inicial como testigo el pasado 20 de diciembre, apunta a un agravamiento de las acusaciones contra ella, poniendo el foco no solo en su papel dentro de la administración, sino también en las interacciones con la esfera privada de la esposa del presidente del Gobierno.
Este nuevo episodio en el tribunal también convocará al exvicesecretario de Presidencia, quien recomendó a Álvarez para el cargo, así como a importantes figuras de la Universidad Complutense y a destacados representantes de gigantes tecnológicos y telecomunicaciones como Google, Indra y Telefónica. Estos últimos, a diferencia de Álvarez, asistirán en calidad de testigos, con la legal obligación de declarar verazmente sobre los hechos investigados.
Los eventos investigados remontan a julio de 2018, cuando Álvarez fue designada como directora de programas en Presidencia del Gobierno, momento a partir del cual comenzó a ejercer de manera efectiva como secretaria personal de Gómez, facilitando el patrocinio de empresas para un programa máster en la Complutense. A pesar de los intentos de Presidencia por justificar sus tareas como propias del ámbito de la confianza, las acusaciones populares refutan esta justificación, esencialmente en relación a los favores realizados en beneficio de Gómez.
El núcleo de la investigación se extiende hasta involucrar a altos cargos de Telefónica, Indra y Google, quienes habrían proporcionado servicios y software de manera gratuita para proyectos dirigidos por Gómez, sumando tensión sobre el posible uso de influencias políticas para beneficios personales. Específicamente, Indra habría incurrido en un coste superior a los 150.000 euros por el desarrollo de un software que ni Gómez, el máster, ni la universidad se comprometieron a compensar económicamente.
Las próximas declaraciones buscarán esclarecer el alcance de la posible influencia ejercida desde el Gobierno para favorecer a Gómez, así como detallar las condiciones bajo las cuales las compañías accedieron a participar en estos proyectos sin recibir compensación alguna. Este asunto no solamente plantea serias preguntas sobre la relación entre el poder político y la industria en España, sino también sobre la transparencia y ética dentro de las más altas esferas del Gobierno.
Con esta jornada crítica de declaraciones, tanto la opinión pública como las partes implicadas aguardan revelaciones que podrían determinar el futuro político de los involucrados, marcando un antes y un después en la gestión de los intereses privados y la influencia política en el país.
