El Gobierno ha conseguido el apoyo de EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para aprobar el texto definitivo de la nueva Ley de Vivienda, que, entre otras medidas, establece la limitación del incremento de las rentas de alquiler a un 3% hasta 2025. Sin embargo, expertos como Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia en España y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, advierten que estas medidas podrían generar efectos negativos en el mercado del alquiler.
Unsain considera desastroso aplicar este tope tanto a nuevos contratos como a contratos vigentes, ya que podría llevar a un aumento excesivo en el precio de la vivienda debido a que los propietarios buscarían absorber este límite en el precio inicial del alquiler. Además, el experto teme una posible retirada de producto por parte de propietarios que opten por vender sus viviendas antes de que se aplique esta regulación, lo que podría provocar una disminución en la oferta de viviendas en alquiler.
«La aprobación de esta regulación va a perjudicar a los más vulnerables, que no van a poder acceder a viviendas de alquiler. El resultado de estas medidas será una caída de la oferta y un excesivo incremento de los precios del alquiler», explica Unsain.
El experto también señala que esta nueva Ley de Vivienda podría impulsar un traspaso de la oferta de alquiler convencional al alquiler turístico en caso de que este último no esté regulado, así como aumentar el número de operaciones en B.
En cuanto a la limitación a los grandes tenedores, la nueva ley establece que se considerará como tal a aquellos que posean cinco o más inmuebles, en lugar de diez como se contemplaba anteriormente. Unsain considera que esta medida es un «absoluto desastre» que genera miedo y no favorece el acceso al mercado de la vivienda.
Por otro lado, el expresidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliarios (AEPSI) valora como «coherente» la reforma que obliga a los propietarios a asumir los gastos y honorarios inmobiliarios en el alquiler de un inmueble, aunque advierte que esto podría llevar a los propietarios a incrementar el precio del alquiler para recuperar estos costes o buscar fórmulas para repercutir en el inquilino otros gastos, como los de comunidad o el IBI.
