La jueza María Tardón ordena la libertad de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha decretado la libertad de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, quien permanecía en prisión desde el pasado 29 de mayo en el marco de la operación Borrasca. En la misma investigación, también fue detenido el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec.

Según fuentes jurídicas, la decisión se tomó después de que la Fiscalía solicitara su liberación, una vez que la Comisaría General de Información de la Policía confirmó que las pruebas vinculadas a su caso ya estaban aseguradas. La jueza consideró que, al desaparecer el riesgo de destrucción o alteración de pruebas, no era necesario mantenerlo en prisión.

Implicación en una red de ciberataques

Tardón había enviado a prisión a Francisco Martínez, quien ocupó un alto cargo en el Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, al atribuirle un "rol central" en una presunta red de ciberataques liderada por Alcasec.

La operación Borrasca, que llevó a la detención de Martínez, también incluyó a Adrián M., quien permanece en prisión, y a Álvaro Martín, un youtuber detenido en Andorra, sobre el que la Fiscalía ha pedido su extradición.

La defensa de Francisco Martínez

Durante su declaración, Martínez negó haberse beneficiado económicamente de los datos con los que supuestamente operaba el grupo de Alcasec. Aseguró que solo intentó ayudar al hacker, primero como abogado y luego como asesor, sin conocer el alcance de sus actividades. Sin embargo, la jueza sostuvo que su papel fue clave en la estructura de la red, proporcionando "blindaje legal, patrimonial e institucional" para que los miembros del grupo operaran con impunidad.

Antecedentes judiciales

Francisco Martínez ya enfrenta otros procesos judiciales, como el caso Kitchen, donde se investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. En ese caso, la Fiscalía pide 15 años de prisión. También está imputado en una causa por un supuesto espionaje a miembros de Podemos, aunque hasta ahora no había sido encarcelado en ninguna de estas investigaciones.

Su defensa ha cuestionado la decisión de la jueza, argumentando que su imputación busca "completar un trío que permita hablar de organización criminal" y que su labor fue siempre orientar a Alcasec hacia la ciberseguridad.

La resolución de su libertad marca un nuevo giro en un caso que sigue generando controversia en el ámbito judicial.