La reforma legal diseñada para contabilizar los años de condena cumplidos en Francia por los reclusos de ETA en sus penas en España ha avivado el debate en diversos sectores de la sociedad. Este cambio normativo, largamente anhelado por los prisioneros de la organización terrorista y sus allegados, parece estar al alcance tras revelaciones de conversaciones interceptadas a los terroristas. Dichas comunicaciones, a las que ha tenido acceso Diario de Actualidad, destacan interacciones entre los presos y Joseba Azkarraga, exconsejero vasco y visible promotor de Sare, plataforma que aboga por los derechos de los presos de ETA.
Durante su recorrido por cárceles españolas en 2021, antes de que los reclusos fueran movidos a prisiones más cercanas al País Vasco y Navarra, Azkarraga sostuvo un encuentro revelador con Jon Bienzobas Arreche, encarcelado por el asesinato del ex presidente del Tribunal Constitucional en 1996. “Ya y es el no cómputo. Es que este es un tema que yo creo que desde el ámbito político se tiene que tratar y de hecho yo creo que…”, expresó Azkarraga, indicando que la iniciativa ya se estaba discutiendo.
Este diálogo evidencia la consolidación de una red de contactos entre representantes del entorno de ETA y el Gobierno, canalizada a través de figuras como Azkarraga. Sus conversaciones reflejan no solo el reconocimiento de las gestiones ante el Ministerio del Interior, sino también una relación estrecha con figuras claves dentro de instituciones penitenciarias, mencionadas en un informe de la Guardia Civil que señala a Azkarraga como enlace.
La propuesta legal, que promete disminuir las penas de docenas de etarras, ha enfrentado resistencias significativas. El Senado logró un movimiento estratégico al devolver el proyecto de ley al Congreso, encontrando un vacío legal que retarda su aprobación. Esta maniobra, señalada por el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha puesto en peligro la pronta promulgación de una normativa embrollada en controversia política.
Entre tanto, sectores de la sociedad civil y grupos de apoyo a las víctimas del terrorismo ven en estas negociaciones y propuestas legales un peligroso precedente y cuestionan la ética y la memoria colectiva de un país que aún sana las heridas dejadas por décadas de violencia perpetrada por ETA. La discusión se centra en las consecuencias de estas acciones legislativas y el mensaje que se envía en términos de justicia y reparación a las víctimas, poniendo de manifiesto la compleja transición de España hacia la reconciliación y la paz social tras el terrorismo.
