El debate sobre el futuro de la energía nuclear en España alcanza un punto crítico ante la inminente clausura de las centrales de Cofrentes, en la Comunidad Valenciana, y Almaraz, en Extremadura. Previstas para cesar operaciones en 2030 y 2027 respectivamente, estas instalaciones se han convertido en el eje de una controversia que enfrenta a administraciones regionales contra el plan de descarbonización del Gobierno de Pedro Sánchez. En medio de un escenario de creciente demanda energética y la presión por acelerar la transición hacia fuentes renovables, las voces que piden una revisión del calendario de cierre se hacen cada vez más fuertes.
Carlos Mazón y María Guardiola, líderes de las comunidades afectadas y miembros del Partido Popular, sostienen que cerrar las plantas sin alternativas energéticas robustas amenaza tanto la estabilidad económica como el suministro eléctrico de sus territorios. Esta posición encuentra respaldo en algunas esferas del debate público y político, que sugieren una consideración más amplia de los tiempos y las capacidades de respaldo que las energías renovables pueden ofrecer en el corto plazo.
Por otro lado, la Administración central mantiene su compromiso con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prioriza la eliminación progresiva de la energía nuclear en favor de un modelo energético basado en fuentes limpias y sostenibles. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ahora también con una perspectiva europea como próxima vicepresidenta de la Comisión Europea, ha defendido firmemente los objetivos de descarbonización a pesar de la coyuntura energética complicada por la crisis en Ucrania y el alza en los precios del gas.
El escenario se complejiza con las posiciones dentro del mismo sector energético. Empresas como Iberdrola, a cargo de la gestión de Cofrentes, han hecho saber que sería técnicamente viable prolongar la vida útil de las instalaciones más allá de lo previsto, argumentando que avances tecnológicos permiten operaciones seguras por periodos extendidos, una postura que encuentra ecos en ejemplos internacionales donde la nuclear sigue siendo un pilar energético.
El debate sobre la energía nuclear, por tanto, trasciende los marcos nacionales para insertarse en una discusión más amplia a nivel europeo y global sobre cómo equilibrar los imperativos climáticos con la seguridad y estabilidad energética. Con la Unión Europea mostrando flexibilidad en las negociaciones climáticas, sin descartar explícitamente la nuclear, España se encuentra en un momento crítico para definir el camino a seguir. La posibilidad de una revisión del calendario de cierres nucleares, aunque aún no concretada, refleja la tensión entre una transición ecológica responsable y la necesidad de asegurar un suministro energético confiable y asequible para todos.
