Las citaciones de los investigados por su relación con la plataforma Tsunami Democràtic están presentando múltiples desafíos para la Audiencia Nacional. En los recientes días, la serie de suspensiones y aplazamientos solicitados por las defensas han complicado el proceso judicial. Marta Rovira, señalada como la principal investigada y actualmente fuera de España, en Suiza, no compareció finalmente este miércoles. De hecho, las declaraciones se han limitado a la de Molina, quien realizó su comparecencia vía videoconferencia desde Barcelona.
Molina se presentó en los juzgados, subrayando que ni Tsunami Democràtic ni el independentismo catalán promueven la violencia. Durante la sesión, Molina contestó únicamente a las preguntas formuladas por su propia abogada, negando cualquier personal implicación en acciones que podrían ser consideradas como delito de terrorismo, tal como lo atribuye el instructor Manuel García-Castellón de la Audiencia Nacional. Fuentes presentes durante la declaración comentan que las acusaciones populares no tuvieron oportunidad de intervenir, impidiéndoles así solicitar prisión preventiva para la acusada.
La declaración de Molina contó con el apoyo público de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien acudió a los juzgados en su acompañamiento. Junqueras acusó a ciertos sectores de la justicia de actuar con una «voluntad de venganza», especialmente preocupante, según él, justo antes de la aprobación de una ley de amnistía por el Congreso de los Diputados, que beneficiaría a los implicados en causas relacionadas con el proceso de independencia de Cataluña.
La cita judicial de Molina resuena con el apoyo no solo de ERC, sino también de miembros de otras formaciones políticas como Junts, los Comuns, y la CUP, quienes se congregaron fuera de los juzgados mostrando su solidaridad. Los espontáneos aplausos y cánticos de «No estás sola» e «Independencia» marcaban el ambiente de su llegada, donde Molina expresó su convicción de superar esta situación judicial.
En los días previos a su comparecencia, Molina había expresado su temor a ser encarcelada, resaltando la responsabilidad que el Estado tendría al volver a encarcelar a políticos por sus ideales. Con la inminente aprobación de la ley de amnistía, la futura situación legal de los investigados parece aún incierta, subrayando la continua tensión entre las aspiraciones independentistas en Cataluña y las respuestas del Estado español.
