En una comparecencia ante la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, diversos representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas han defendido la actuación «proporcionada» que llevaron a cabo durante los disturbios que se produjeron en Cataluña en el otoño de 2017.
Las manifestaciones y protestas que tuvieron lugar en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 fueron el escenario de intensos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas fueron criticadas por algunos sectores por el uso de la fuerza, siendo acusadas de haber utilizado métodos violentos y desproporcionados para contener las protestas.
Sin embargo, durante su comparecencia ante la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, los reclutas de la policía nacional y de la guardia civil que fueron desplegados en Cataluña en aquella ocasión, han defendido que su actuación fue «proporcionada» y estuvo avalada por los tribunales de justicia.
En este sentido, los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas han afirmado que su intervención se limitó a garantizar el cumplimiento de la ley, evitando que se produjeran situaciones de violencia que pudieran poner en peligro la integridad de los ciudadanos y la seguridad pública.
Además, han explicado que la violencia registrada en las calles de Cataluña durante aquellos días fue iniciada por grupos radicales que pretendían causar altercados y dañar la propiedad pública y privada. En este sentido, han señalado que la mayoría de manifestaciones y movilizaciones convocadas de forma pacífica fueron garantizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y se desarrollaron sin mayores contratiempos.
La polémica en torno a los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña durante el otoño de 2017 ha vuelto a poner de manifiesto los difíciles equilibrios que deben encontrar las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Por un lado, deben garantizar que se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos, evitando el uso excesivo de la fuerza o de métodos que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas. Por otro lado, deben cumplir con la obligación de mantener la ley y el orden público, actuando con determinación cuando sea necesario para proteger la integridad de las personas y bienes.
En este sentido, parece necesario que se sigan buscando fórmulas de diálogo y consenso que permitan evitar situaciones de tensión y conflicto como las que se produjeron en Cataluña en 2017. A través del diálogo y la negociación, se pueden encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes implicadas, evitando que se produzcan situaciones de violencia o enfrentamiento que no benefician a nadie.
En último término, la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad debe ser la de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, protegiendo la seguridad y el orden público, pero siempre actuando con proporcionalidad y respetando los valores y principios democráticos que sustentan nuestro Estado de derecho. En este sentido, la defensa de su actuación «proporcionada» en Cataluña es un paso importante para reforzar la confianza y credibilidad en el trabajo que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos.
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