En una solicitud dirigida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el sindicato Manos Limpias ha pedido medidas para esclarecer la propiedad y el paradero de un teléfono utilizado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se busca determinar si el dispositivo es propiedad de la Administración y, por tanto, si debe ser preservado o estar accesible para fines de inspección.
Manos Limpias, actuando como acusación popular, ha expresado su interés en que el Gobierno aclare si el mencionado teléfono, que García Ortiz cambió el 23 de octubre – solo una semana después de que el Tribunal Supremo le imputara por presuntas revelaciones a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso –, pertenece a los activos de la Administración. Este cambio de móvil también sucedió justo una semana antes de que se ordenara el registro del despacho de García Ortiz y la requisa de sus dispositivos y comunicaciones electrónicas, una diligencia ejecutada el 30 de octubre.
De acuerdo con información de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el fiscal general usaba un terminal con sistema «Dual SIM», con uno de los números perteneciente a un organismo del Ministerio de Hacienda. La UCO, tras analizar los identificadores IMSI/IMEI del dispositivo incautado a García Ortiz, concluyó que hubo un cambio de terminal respecto a las tarjetas el día 23 de octubre, lo que suscita la pregunta sobre el destino final del teléfono anterior.
Basándose en estas premisas, Manos Limpias ha solicitado la cooperación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Gobierno y Ministerio de Hacienda para verificar la propiedad del terminal. En caso de confirmarse que el teléfono es un activo público, se ha pedido tanto su entrega al Tribunal Supremo para análisis por parte de la Guardia Civil como información sobre el responsable de cualquier formateo o borrado de datos que se haya podido llevar a cabo.
Esta petición subraya la necesidad de transparencia y seguimiento riguroso en la manipulación y custodia de dispositivos electrónicos pertenecientes a la Administración, más aún cuando se encuentran enmarcados en investigaciones de relevancia judicial y política. La respuesta del Gobierno a esta solicitud podría despejar incógnitas sobre el manejo de información sensible y la integridad de procesos judiciales involucrando figuras de alto perfil en el estado.
