El fin de la política de dispersión de los presos de ETA
El pasado viernes, el Ministerio del Interior de España anunció el fin de la política de dispersión de los presos de ETA, una medida instaurada hace 34 años por el Gobierno socialista de Felipe González en respuesta a la violencia terrorista de la organización vasca.
Esta política de dispersión consistía en trasladar a los presos de ETA a cárceles alejadas del País Vasco y Navarra, con el objetivo de evitar que los reclusos tuvieran contacto entre sí y con la cúpula de la organización, lo que se consideraba una medida de seguridad para evitar la planificación de acciones violentas desde la prisión.
Sin embargo, esta política también ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por considerarla una medida discriminatoria que afecta especialmente a los familiares de los presos, obligados a realizar desplazamientos largos y costosos para poder visitarlos.
Desde la llegada al poder del Gobierno presidido por Pedro Sánchez en 2018, se inició un proceso de acercamiento de los presos de ETA a cárceles cercanas a sus lugares de origen, que ha sido criticado por algunas víctimas del terrorismo y por partidos políticos como el PP y Ciudadanos, que lo consideran una concesión al terrorismo.
Sin embargo, otros sectores, incluyendo algunos familiares de los presos y partidos como Bildu y ERC, han defendido este proceso de acercamiento como un paso importante hacia la normalización y la pacificación del País Vasco, y han pedido la puesta en libertad de los presos enfermos o mayores.
Con el anuncio del traslado de cinco de los seis últimos reclusos de ETA que quedaban en cárceles de fuera del País Vasco y Navarra, solo queda en una prisión no vasca ni navarra Natividad Jauregi, alias Pepona, extraditada por Bélgica en 2020. Pepona, de 63 años, permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Alcalá de Henares (Madrid) a la espera de que la Audiencia Nacional termine de instruir la causa contra ella por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981.
El fin de la política de dispersión de los presos de ETA es un paso importante hacia la normalización y la pacificación del País Vasco, pero también suscita controversia y debate político. Lo que está claro es que se trata de un tema sensible e importante, que afecta a muchas personas y a la memoria colectiva de un país que ha sufrido mucho a causa del terrorismo. Por tanto, es importante abordarlo desde el diálogo y el respeto a todas las víctimas, sin olvidar nunca el compromiso con la justicia y la reconciliación.
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