En un contexto marcado por la velocidad y el alcance de la información digital, las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la difusión de narrativas que alimentan el odio y el racismo. Esta tendencia se ha hecho patente a través de una multiplicidad de cuentas que, sin reparo alguno, se dedican a atribuir a los inmigrantes la responsabilidad de diversos crímenes, sin importar la veracidad de las acusaciones.
Twitter/X, junto con otras plataformas digitales, hospeda decenas, si no cientos, de perfiles que publican contenido sensacionalista. Estas cuentas, sin consideración por la realidad, están enmarcadas por una agenda que busca intensificar el racismo y el odio. Utilizan incidentes violentos, reales o distorsionados, para culpar sistemáticamente a minorías sociales, particularmente inmigrantes.
La narrativa encontró un reciente eco con el asesinato de un niño en Mocejón, aunque este es sólo uno entre varios episodios similares. Por ejemplo, el caso de un ataque en el Reino Unido, falsamente atribuido a un solicitante de asilo musulmán, desencadenó una ola de violencia xenófoba, mostrando cómo estas cuentas pueden provocar reacciones en cadena en la sociedad.
Detrás de parte de esta maquinaria de desinformación se encuentra Daniel Esteve, quien a través de su canal de YouTube ‘Desokupa News’ y otras plataformas, ha sido un promotor activo de estos discursos, llegando incluso a involucrar a sectores de la seguridad mediante acuerdos de formación, aunque sin el reconocimiento oficial del Ministerio del Interior.
La estrategia de estas cuentas no se limita a incidentes aislados. Sistemáticamente, buscan sostener su narrativa mediante la promoción de su versión de los hechos, ignorando toda corrección o desmentido, como ha sido el caso en Mocejón y otros incidentes falsamente relacionados con inmigrantes.
La participación de usuarios rusos y la amplificación de estas campañas por parte de canales rusos en redes sociales han sido señaladas como acciones de desestabilización, siendo clasificadas por expertos y autoridades como una forma de «guerra gris» contra las democracias occidentales.
Ante esta situación, la necesidad de una regulación que permita identificar a los usuarios y restringir el acceso a aquellos que cometan delitos de odio en las redes se vuelve cada vez más evidente. Al mismo tiempo, el fenómeno subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de verificación y desmentido frente a la desinformación y el sensacionalismo, para así proteger el tejido social de las amenazas que suponen estas narrativas de odio.
