En los últimos días, hemos visto una manifestación de protesta en Madrid por parte de las asociaciones de guardias civiles y policías nacionales para protestar por el bloqueo político en su marco normativo. Según estas asociaciones, el gobierno estaría utilizando su situación como «moneda de cambio» con los partidos nacionalistas, lo que está retrasando la aprobación de la ley de seguridad integral.
Esta ley, que se encuentra en trámite parlamentario desde hace varios años, supone una actualización de la normativa que regula la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La ley actual fue aprobada en 1986 y, según las asociaciones de guardias civiles y policías nacionales, no se ajusta a las necesidades actuales de sus trabajadores.
La protesta llevada a cabo en Madrid reunió a miles de personas, que portaban pancartas en las que se leían lemas como «Nosotros sí te cuidamos, ¿y tú nos proteges?», «No somos moneda de cambio» o «Menos política y más seguridad». Los manifestantes denunciaban la falta de apoyo por parte del gobierno y la utilización de su situación como moneda de cambio con los partidos independentistas para conseguir su apoyo en otras cuestiones políticas.
Uno de los principales problemas que las asociaciones de guardias civiles y policías nacionales denuncian es la falta de personal y medios. Según las cifras que manejan, faltan cerca de 20.000 agentes en la plantilla, lo que supone una sobrecarga de trabajo para los que están en activo y una situación de riesgo para la seguridad ciudadana.
Además, también denuncian la falta de formación y la falta de reconocimiento de su labor en situaciones de riesgo. Muchos agentes, especialmente los que están destinados en zonas con presencia de grupos terroristas o narcotraficantes, se juegan la vida cada día en su trabajo y no ven reconocido su esfuerzo por parte de la sociedad ni por parte del gobierno.
La situación de bloqueo político de la ley de seguridad integral es especialmente preocupante para estas asociaciones, ya que supondría una actualización de su marco normativo y permitiría la incorporación de mejoras en las condiciones laborales y en la seguridad de los agentes. Sin embargo, el gobierno no parece estar dando la prioridad necesaria a esta cuestión, lo que está generando mucha desazón entre los trabajadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Desde estas asociaciones, piden al gobierno que deje de utilizarlos como moneda de cambio en su negociación con los partidos nacionalistas e independentistas y que escuche sus reivindicaciones. Además, también piden el reconocimiento de su labor y un aumento de la inversión en seguridad para garantizar una mayor protección a los ciudadanos.
En definitiva, la manifestación de protesta llevada a cabo en Madrid por las asociaciones de guardias civiles y policías nacionales deja al descubierto la situación de abandono que están sufriendo estos trabajadores en nuestro país. Es hora de que se les escuche y se atiendan sus reivindicaciones, porque su labor es esencial para garantizar la seguridad ciudadana y el bienestar de todos los españoles.
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