En una coordinada reacción contra la ley de amnistía recientemente aprobada por el Congreso, los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP) han anunciado su determinación de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta ley, tildada por los líderes del PP como «la más corrupta de la democracia», ha desencadenado una ola de críticas por lo que consideran una «clarísima ruptura del principio de igualdad» y un «ataque al Estado de derecho».
Desde la vanguardia de la ofensiva legal se encuentra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha manifestado que no está dispuesta a esperar para iniciar acciones contra esta medida. Acorde a su declaración, esta medida es parte de una estrategia nacional encabezada por Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que involucra a todas las comunidades autónomas gobernadas por su partido.
Ayuso, en una entrevista concedida a Esradio, fue enfática al adelantar que “Las comunidades del PP vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía». Aseguró además que, aunque los recursos serán presentados de forma individual por cada comunidad, la Comunidad de Madrid actuará «ya mismo».
Fuentes del Gobierno madrileño han apuntado a EFE que se espera la publicación oficial de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para encargar formalmente a la Abogacía del Estado la preparación del recurso, indicando además que no se anticiparán a eventuales cuestiones prejudiciales que puedan surgir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Otras comunidades, siguiendo el liderazgo de Ayuso, han levantado su voz contra la amnistía. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y Carlos Mazón, en la Comunidad Valenciana, criticaron la ley por vulnerar la igualdad entre los españoles y entre los territorios del país. Moreno anunció que su gobierno ya está movilizando a sus servicios jurídicos para contestar la norma «de manera inmediata», mientras Mazón aseguró que el recurso se presentará «en nombre de los ciudadanos» de su región.
En una escalada de desaprobación que abarca varias regiones del país, líderes autonómicos como Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León y Fernando López Miras de la Región de Murcia han expresado una oposición firme, considerando este día como uno «negro para España y para nuestra democracia».
La reacción contra la ley de amnistía no se limita solo a comunidades gobernadas por el PP, sino que también encuentra eco en figuras de otras regiones y partidos. Jorge Azcón, presidente de Aragón del PP y Vox, y María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, han reiterado su compromiso de luchar legalmente contra lo que ven como un «abuso» y una amenaza a la democracia española.
Esta ola de recursos ante el TC subraya la polarización y el descontento que genera la legislación aprobada, evidenciando una profunda división dentro de la política española y anticipando una batalla legal de alcance nacional.
