El padre de Miguel Ángel Blanco, joven asesinado por ETA en 1997, confía en que la llamada «doctrina Miguel Ángel Blanco» haga que los hechos sean declarados imprescriptibles más allá de los 20 años. Esta doctrina, establecida por el Tribunal Supremo en 2018, buscaba extender el plazo de prescripción de los delitos de terrorismo cuando exista una situación de impunidad por falta de colaboración en la investigación por parte de los responsables del crimen.
El padre de Blanco, que ha pedido públicamente la aplicación de esta doctrina a su caso, asegura que su objetivo es «que se haga justicia y se acabe con la impunidad». Además, destaca que la sociedad española «tiene derecho a saber toda la verdad sobre lo que sucedió y quiénes son los responsables».
Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en el municipio vasco de Ermua, fue secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997. Su muerte provocó una conmoción social sin precedentes y llevó a millones de ciudadanos a salir a la calle para exigir el fin del terrorismo.
Desde entonces, su figura ha sido símbolo para muchas personas de la lucha contra el terrorismo y la defensa de los valores democráticos. La «doctrina Miguel Ángel Blanco» busca honrar ese legado y garantizar la aplicación efectiva de la ley para evitar que los responsables de actos terroristas queden impunes.
En definitiva, la petición del padre de Miguel Ángel Blanco de que se aplique la «doctrina Miguel Ángel Blanco» a su caso tiene como objetivo luchar contra la impunidad en los casos de terrorismo y asegurar que se haga justicia en el caso de su hijo. La extensión de la prescripción de los delitos de terrorismo es un paso importante en ese sentido, ya que permite mantener abiertas las investigaciones y evitar que los responsables queden impunes.
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