En un giro reciente en la investigación que rodea al denominado «caso Begoña Gómez», integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron ayer una intervención en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) y en el Ayuntamiento de Madrid, procediendo a la solicitud de documentación esencial. Este procedimiento se enmarca en las indagaciones en curso sobre las actividades de Begoña Gómez, cónyuge del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su posible conexión con alegaciones de tráfico de influencias implicando al empresario Juan Carlos Barrabés.
Las operaciones de búsqueda y requisición de documentos estarían motivadas por órdenes explicitadas por el juez Juan Carlos Peinado, dirigidas a esclarecer la naturaleza de los vínculos y contrataciones de Gómez con Barrabés, según fuentes relacionadas con la investigación. En particular, se pone el foco sobre relaciones contractuales que innegablemente influyen en el uso y asignación de recursos públicos, todo esto detallado en el contexto de una demanda levantada por el sindicato Manos Limpias contra Gómez, quien es acusada de ejercer influencia indebida con fines de beneficio personal.
Destaca el empeño del juzgado por recopilar todos los contratos concedidos a Juan Carlos Barrabés a través de diferentes entidades públicas como Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid, todos los cuales, según se reporta, exhibirían una asociación con la empresa Innova Next SLU, propiedad de Barrabés. Esta meticulosa revisión documental se alinea con las acciones preventivas y de seguimiento estipuladas en el sumario de la causa que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Paralelamente, un informe enviado recientemente al juez Peinado por parte de la UCO arroja luz sobre diversos aspectos de la investigación. En él, se niega cualquier vínculo directo de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, así como se descarta que Gómez haya ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Air Europa en procesos de rescate por parte del Estado o en adjudicaciones a empresas relacionadas con Barrabés. La UCO establece que, al menos en los eventos analizados, las coincidencias entre Gómez y Hidalgo parecen casuales y no evidencian una relación de colaboración o complicidad.
Además, la evaluación de la UCO sugiere que la selección de Innova Next para contratos públicos, si bien ha generado suspicacias, se ajustó a criterios objetivos de valoración, colocando a la entidad en una posición de mérito basado en parámetros técnicos y económicos. Este hallazgo apunta a un proceso de licitación en el que, a pesar de las sospechas, se habrían observado las formalidades y procedimientos estándar.
A medida que avanza la investigación, surgen nuevos elementos que delinean un escenario complejo, donde las conexiones entre el ámbito privado y la gestión pública se entrelazan de manera intrincada. Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rigurosidad en la administración de los recursos del estado, así como el escrutinio constante sobre las figuras públicas y sus allegados, en aras de preservar la integridad de los procesos gubernamentales y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
