Con la implementación de la nueva ley de eficiencia de la Justicia este jueves, las parejas que desean casarse enfrentan un cambio drástico en el proceso para unir sus vidas legalmente. La normativa, popularmente conocida como ‘ley Bolaños’, ha suprimido la capacidad de los Juzgados de Paz de celebrar matrimonios civiles, trasladando esta competencia a alcaldes, concejales o notarios. Este cambio trae consigo un nuevo escenario en el que ahora, a diferencia de antes, las parejas deberán enfrentar ciertos costes para formalizar su unión.
Esta revolución legislativa ha generado una honda preocupación entre la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y ayuntamientos de todo el país, quienes han hecho un llamamiento al Gobierno para reconsiderar la medida. Incluso Félix Bolaños, propulsor de la ley, ha indicado su intención de rectificar la disposición antes de su plena aplicación, aunque todavía no se ha concretado ninguna solución ni plazo para ello.
El trasfondo de la ley, según el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, busca una reestructuración en el funcionamiento y organización del servicio público de Justicia en España. Sin embargo, esta medida ha dejado fuera de juego a más de 7.500 jueces de paz en el país, que ya no podrán oficiar matrimonios civiles, limitando así una opción que muchas parejas, especialmente en municipios pequeños donde no hay Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, encontraban accesible y económica.
El costo adicional que ahora deberán asumir las parejas ha causado un gran malestar. Ayuntamientos como el de Rivas Vaciamadrid ya han comenzado a ajustar sus agendas y tarifas para los enlaces que estaban programados para los próximos meses. Mientras que en algunos municipios se mantendrá la gratuidad de la ceremonia si esta se realiza entre semana, en otros, como Madrid capital, se ha establecido un coste específico para las celebraciones en sábado.
El Ministerio de Justicia ha atribuido la responsabilidad del bloqueo de posibles enmiendas que permitieran a los jueces de paz seguir oficiando bodas al Partido Popular (PP), asegurando que hay un interés en recuperar esta competencia para los jueces de paz lo antes posible. Mientras tanto, la ciudadanía y las corporaciones locales se encuentran en una espera incierta, buscando soluciones para evitar los inconvenientes y costes adicionales que esta ley implica para las parejas, subrayando la importancia de garantizar la accesibilidad y funcionalidad de uno de los servicios más demandados de la justicia civil.
