El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha descrito la norma como una iniciativa rigurosa y cercana a las vivencias de las víctimas que vuelve a situar a España en la vanguardia de la lucha contra la violencia de género.
Redondo ha destacado que el texto deja claro que «la violencia vicaria es violencia de género», en un contexto de negación de esa violencia y de «reversión de derechos». La titular de Igualdad ha recordado que 68 niños han sido asesinados por violencia vicaria desde 2013 -3 este mismo año- y que la violencia vicaria supone también maltratos, agresiones y amenazas constantes. Ana Redondo ha recalcado que la futura ley cumple con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: «Esperamos que, puesto que estas medidas ya están pactadas con ese gran consenso y acuerdo social, también tengan un procedimiento legislativo acorde y se pueda ver esta ley en esta legislatura».
Protección integral contra la violencia vicaria
El proyecto modifica un total de diez normas, incluyendo la Ley Integral contra la Violencia de Género, con el fin de ofrecer una protección global a las víctimas. La norma define la violencia vicaria como aquella que se ejerce contra la mujer por su pareja o expareja a través de una persona interpuesta. Redondo ha subrayado la ampliación del elenco de personas que pueden ser sujetos directos de esa violencia: hijos e hijas, otros descendientes sin consideración de edad, los mayores de edad que estén sometidos a la guardia o custodia de esa pareja o esa mujer, las madres y los padres, los hermanos y las hermanas y la actual pareja de la víctima.
Desde el punto de vista penal, el proyecto modifica el Código Penal para señalar que la agravante de cometer el delito por razones de género concurrirá en los supuestos de violencia vicaria. Además, se incorpora una pena accesoria para prohibir aquellas publicaciones o difusiones de actuaciones directamente relacionadas con los actos ilícitos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P. Sendra
En cuanto al Código Civil, la norma pretende acompasar la jurisdicción civil con la penal. Con este objetivo, se incorpora la privación automática de la patria potestad en aquellos supuestos en los que haya recaído una sentencia condenatoria firme por delitos graves cometidos contra la madre o los hijos. «La premisa es clara: un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre», ha manifestado la titular de Igualdad. Únicamente se podrá recuperar la patria potestad cuando se produzca una cancelación completa de los antecedentes penales.
La futura ley también incorpora limitaciones en la guardia y custodia y el régimen de visitas, que se suspenden cuando haya en curso un procedimiento por violencia de género o vicaria, o haya indicios de violencia en el seno familiar. Se impone la obligación de escuchar a los menores, garantizando su voz, salvo en situaciones específicas donde no convenga a su interés.
Además, se incluyen medidas de concienciación, formación para jueces y fiscales, la posibilidad de cambiar los apellidos de las víctimas, y se asegura que el agresor no pueda beneficiarse de prestaciones sociales vinculadas a la víctima.
Más recursos para atender a las personas en situación de dependencia
El Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 904 millones de euros para su distribución entre las comunidades autónomas en concepto del nivel acordado para la financiación de la dependencia. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha resaltado que esta financiación está sujeta al cumplimiento de criterios como la reducción de las listas de espera y la mejora de las condiciones laborales.
Con la partida aprobada, se suman los fondos del decreto ley de financiación extraordinaria, alcanzando unos 5.513 millones de euros este año y 7.239 millones el próximo. Bustinduy ha llamado a los grupos políticos a apoyar la convalidación de estas leyes de dependencia y discapacidad, que buscan reformar el sistema de cuidados.
El ministro ha afirmado que estas nuevas leyes «suponen la refundación del sistema de cuidados», destacando la necesidad de un cambio hacia un modelo que ofrezca derechos a la ciudadanía y permita a las personas mayores vivir de forma autónoma y digna.
Digitalización y modernización del sector financiero
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha informado sobre el proyecto de ley para la digitalización y modernización del sector financiero. Este proyecto adapta la legislación española al marco europeo, fortaleciendo áreas clave para proteger a los usuarios y garantizar la estabilidad financiera.
El texto refuerza la ciberseguridad mediante la normativa de DORA y moderniza el sistema de pagos. Promoverá la competencia permitiendo el acceso de entidades de pago a los sistemas de pago, además de aumentar la transparencia en los mercados financieros.
Nueva Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico
El Consejo de Ministros ha aprobado la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, buscando impulsar el desarrollo del medio rural y asegurar igualdad de oportunidades. Según Saiz, el medio rural español está experimentando un cambio positivo, con un 79% de municipios pequeños ganando población.
Esta estrategia permitirá inversiones en digitalización, movilidad y servicios públicos, muchas financiadas con fondos europeos, para fortalecer la cohesión territorial y crear nuevas oportunidades.
60 millones para municipios afectados por la DANA
Se han aprobado 60 millones de euros en ayudas para 78 municipios afectados por la DANA, destinados a financiar adaptaciones a infraestructuras y servicios en zonas de riesgo de inundaciones. Esto busca reducir daños ante futuros fenómenos meteorológicos extremos.
Asuntos de actualidad: incendio de Los Gallardos
La ministra Saiz ha expresado el «profundo pesar» del Gobierno por las 13 víctimas del incendio en Los Gallardos (Almería) y el compromiso de apoyo a las familias afectadas. Más de 438 efectivos han participado en la extinción, que ha devastado 7.000 hectáreas, siendo uno de los peores incendios en la historia de España.
La ministra ha agradecido el trabajo de los profesionales involucrados y ha resaltado la importancia de la gestión preventiva para minimizar la propagación del fuego.
Gibraltar: una nueva etapa de cooperación
La portavoz del Ejecutivo ha anunciado la inminente eliminación de la verja fronteriza con Gibraltar, lo que abre una nueva etapa histórica. Esto permitirá la aplicación de un protocolo de coordinación en materia de Seguridad Social entre España y Gibraltar, garantizando derechos a los trabajadores transfronterizos.
