En un movimiento sin precedentes dentro de la Gran Logia de España (GLE), Óscar de Alfonso, quien lideró la principal organización masónica española durante 12 años, ha sido suspendido por un periodo de dos años. La sanción viene tras sus gestiones por esclarecer ciertas actividades de los masones socialistas en Canarias, en medio de escándalos de corrupción que sacudieron el archipiélago. El relevo de De Alfonso en el cargo de Gran Maestre fue tomado por Txema Oleaga, figura prominente del PSOE y actual presidente de la Comisión de Justicia del Senado, lo que marca una notable vinculación política en las más recientes designaciones dentro de la GLE.
De Alfonso lanzó públicamente un requerimiento de explicaciones a sus «hermanos» masones en Canarias referente a su implicación o postura ante los recientes descubrimientos de corrupción en las Islas, incluyendo el llamativo «caso Tito Berni», que involucra drogas, prostitución y tráfico de influencias, todo con conexiones hacia el Congreso y la Dirección de la Guardia Civil. En una era donde la transparencia y la rendición de cuentas ganan terreno, estas acciones parecían buscar luz sobre asuntos oscuros, sin embargo, terminaron costándole a De Alfonso su posición en la organización.
Más allá del terreno nacional, la disputa interna y la subsiguiente suspensión de De Alfonso, quien además se desempeñaba como Gran Secretario de la masonería a nivel mundial, trascendió fronteras, desencadenando una ola de solidaridad internacional. Grandes maestros de logias de países como Rusia, Bolivia, Guatemala o Chile expresaron su apoyo hacia el ex Gran Maestre, destacando su reconocido prestigio internacional dentro de la fraternidad.
Este caso ha dibujado una clara línea divisoria dentro de la GLE y posiblemente del mundo masónico en general. Se plantea un evidente contraste entre los principios éticos que la masonería predica y las prácticas políticas internas que pueden llegar a contradecir estos valores. Las repercusiones de esta disputa no solo han reconfigurado la estructura de poder dentro de la Gran Logia de España sino que también han propiciado un debate más amplio sobre la influencia política en las órdenes masónicas y cómo las controversias internas son manejadas.
De Alfonso, por su parte, se mantuvo firme en su posición, negándose a retractarse de las acusaciones hechas públicamente, lo que finalmente selló su destino dentro de la GLE. Este episodio no solo despierta interrogantes sobre la cohesión y la ética dentro de la masonería española sino también sobre el papel que estas sociedades tienen en la política contemporánea y su responsabilidad ante la sociedad en general.
