En una reciente decisión judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la denuncia presentada por el reconocido productor musical Nacho Cano. La denuncia, dirigida contra la jueza encargada de su investigación por supuestos delitos contra los extranjeros y los trabajadores, no ha sido admitida a trámite por no cumplir con los requisitos legales exigidos. De acuerdo con el TSJM, los hechos expuestos en la denuncia carecen de base delictiva contra la magistrada Inmaculada Iglesias Sánchez, quien lidera la causa en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
El fallo refleja que la denuncia de Cano, junto con la de otros tres investigados, argumentaba una presunta conducta de prevaricación y retraso malicioso en la administración de la justicia por parte de la jueza, sugiriendo parcialidad y decisiones arbitrarias que favorecían a la parte denunciante, deteriorando la posición de los investigados en el caso. Sin embargo, el tribunal, con Celso Rodríguez como ponente, ha dejado claro que estas acusaciones no se sostienen jurídicamente.
El TSJM ha enfatizado que la denuncia de Cano y sus co-investigados no solo incumplió las normativas legales por no optar por la vía de la querella, requerida expresamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que también falló en otorgar un poder de representación especial para tales efectos. Dicho incumplimiento, en palabras del tribunal, constituye un «doble obstáculo notable» que impide la admisión de la denuncia.
Más allá de las formalidades procesales, los magistrados del TSJM han señalado la ausencia de fundamento substantivo en la denuncia, destacando una notable «orfandad probatoria» y una carencia de resoluciones judiciales concretas que pudieran indicar una aplicación del derecho de manera arbitraria o prevaricadora por parte de la jueza Iglesias Sánchez. Esta evaluación se alinea con el criterio de la Fiscalía, que también opina la falta de base delictiva en las acciones de la magistrada.
La resolución del TSJM se da en un contexto donde Cano y otros tres investigados, a raíz de una denuncia de una becaria mexicana vinculada al musical Malinche, deben presentarse a declarar el próximo 13 de enero, medio año después del inicio de la causa judicial. La determinación del tribunal no solo refrenda la actuación de la jueza Iglesias Sánchez sino también subraya el imperativo de un procedimiento legal riguroso y basado en evidencia concreta para acusaciones de tal calibre contra funcionarios judiciales.
