En un contexto marcado por controversias legales y judiciales, las exhumaciones programadas en la cripta del Valle de Cuelgamuros prosiguen, tal como afirmó Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. La continuidad de este proceso se da a pesar de recientes fallos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que favorecieron a Patrimonio Nacional y al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en Madrid, revirtiendo una decisión previa que ponía en riesgo la realización de estos trabajos por cuestiones relacionadas con la licencia urbanística requerida.
El anuncio por parte del ministro se realizó a través de su cuenta en la red social X, ofreciendo así una directa confirmación luego de que ‘La Razón’ adelantara la decisión del TSJM. En su publicación, Torres subrayó que el fallo del tribunal va en detrimento de las entidades y organizaciones, incluyendo la Fundación Francisco Franco y varios grupos de extrema derecha, que han buscado detener los trabajos desde su inicio. Subrayó la importancia de este avance para las familias de las víctimas, así como para los esfuerzos de reparación y la Memoria Democrática del país.
El proyecto enfrentó obstáculos previos en septiembre cuando un juzgado de Madrid anuló el acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para las obras de exhumación en la Basílica del Valle de los Caídos, ahora conocido como Valle de Cuelgamuros. A pesar de esta anulación y una suspensión cautelar de la licencia en noviembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, más recientemente, el Tribunal Supremo, avalaron la continuación de los trabajos, permitiendo que en el verano iniciara la labor forense para la exhumación de 128 víctimas.
Este desarrollo se inscribe en un marco más amplio de esfuerzos del gobierno para enfrentar y rectificar las heridas y divisiones del pasado, una misión que, en muchos aspectos, representa un desafío continuo frente a la resistencia y las batallas legales planteadas por grupos que se oponen a la revisión crítica y a la reparación de las violencias de la dictadura de Francisco Franco. La determinación del ministro Torres y del gobierno de proseguir con las exhumaciones, a pesar de los desafíos legales, señala un compromiso firme con la Memoria Democrática y con el proceso de recuperación y dignificación de las víctimas del franquismo.
