El Gobierno español ha anunciado que la Iglesia Católica no gozará más del régimen fiscal privilegiado del que ha disfrutado hasta ahora. A partir de ahora, la Conferencia Episcopal Española deberá pagar dos impuestos antes exentos: la Contribución Especial y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Durante mucho tiempo, la Iglesia Católica se ha beneficiado de una serie de exenciones fiscales gracias a los Acuerdos con el Vaticano, lo que la ha mantenido exenta del pago de ciertos impuestos.
El Gobierno, que ha negociado con la Conferencia Episcopal Española, se ha comprometido a poner fin a estas exenciones y estos dos impuestos que hasta ahora no se aplicaban a la Iglesia, serán obligatorios a partir del momento en que el acuerdo sea oficial. De esta manera, la contribución que la Iglesia realiza al Estado se extenderá a áreas que antes no estaban cubiertas.
Esta decisión, según el Gobierno español, se traducirá en que la Iglesia Católica ya no será tratada de manera especial por ser una entidad religiosa. Su situación fiscal será la misma que la de cualquier otra organización sin ánimo de lucro del país, y la Conferencia Episcopal Española deberá pagar los impuestos correspondientes.
El anuncio ha generado críticas y apoyo en partes iguales de la sociedad española. Por una parte, hay quienes se sienten satisfechos de que una entidad tan poderosa como la Iglesia sea tratada con los mismos estándares que otras organizaciones, y que ya no tenga un acceso especial a los recursos fiscales del país.
Por otro lado, hay quienes se oponen a la medida y creen que la Iglesia Católica debería seguir disfrutando de las exenciones fiscales debido a su labor social y humanitaria en España. Argumentan que esta medida podría afectar a la extensa red de instituciones de la Iglesia en España, incluyendo escuelas y hospitales, y podría limitar su capacidad de ayudar a los más necesitados.
Sea cual sea la opinión, esta medida representa un cambio importante para la Iglesia Católica. A partir de ahora, deberá pagar los dos impuestos mencionados, lo que significa que contribuirá igual que cualquier otra organización sin ánimo de lucro en España. La medida ha sido controvertida, pero el Gobierno afirma que busca la igualdad fiscal entre todas las entidades del país.
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