La Fiscalía Anticorrupción ha sentado una firme posición frente al caso conocido como los Supercopa Files, manteniendo su decisión de mantener imputado a Pedro Rocha, actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Esta acción responde a la valoración del organismo sobre la necesidad de su comparecencia en calidad de investigado dentro del proceso que remueve los cimientos del fútbol español por su implicación en el contrato de la RFEF con Arabia Saudí para la celebración de la Supercopa en dicho país.
El argumento de la defensa de Rocha, que argumenta una violación a sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la defensa, ha encontrado firme oposición por parte de la fiscalía. Esta última subraya la existencia de «una base suficiente» para implicar a Rocha, especialmente tras su evasiva actitud durante declaraciones previas, convirtiéndose de testigo a investigado. La jueza Delia Rodrigo, encargada del caso, también pone bajo la lupa la participación de figuras como Luis Rubiales y Gerard Piqué, revelando una red de decisiones que trasciende las fronteras deportivas hacia supuestas ilegalidades.
La controversia alcanza un nuevo pico con la reciente inhabilitación de Rocha por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), extendiendo por dos años dicho castigo por excederse en sus funciones durante su presidencia en la Comisión Gestora. Esta sanción subraya los reproches sobre su administración al frente de uno de los estamentos más influyentes del fútbol español.
En su recurso, Rocha intenta desentrañarse de la responsabilidad directa sobre el contrato con Sela (Arabia Saudí), indicando su desconocimiento sobre los términos extendidos del mismo, pese a su presencia en la asamblea general de 2022 donde se trataron estos asuntos. Sin embargo, la fiscalía contraataca esta versión, argumentando las incongruencias entre su supuesto desentendimiento y las responsabilidades inherentes a su cargo.
Más allá, el caso se enreda con la involucración de Gerard Piqué, quien habría sido beneficiado con hasta 24 millones de euros en el marco del acuerdo, entre otras acusaciones que incluyen la posible recepción de «pagos en especie» a Rubiales y otros directivos de la RFEF. Estos hechos, bajo investigación, podrían revelar prácticas que oscilan entre el conflicto de interés y la corrupción directa, afectando no solo la integridad deportiva sino también el marco legal español.
En conclusión, el caso de los Supercopa Files no solo cuestiona la gestión y decisiones alrededor de la RFEF sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y legalidad de los acuerdos comerciales en el deporte. Con la imputación formal refrendada por la Fiscalía Anticorrupción hacia Rocha, el proceso promete desvelar capas cada vez más profundas de una trama que podría tener consecuencias significativas para el fútbol español. Los próximos pasos en esta investigación judicial podrían marcar un precedentede cómo se manejan los hilos del poder dentro del mundo deportivo.
