La imputación de Begoña Gómez, en tensión tras la intervención de la Fiscalía Europea
En un giro inesperado en la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la implicación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, enfrenta una encrucijada judicial. La Fiscalía Europea ha tomado las riendas del caso, poniendo en duda la continuidad de su declaración como imputada, prevista inicialmente por el juez Juan Carlos Peinado para el próximo 5 de julio.
La especificidad con la que la Fiscalía Europea aborda sus investigaciones ha puesto en jaque el proceder habitual del sistema judicial español. Su directriz principal, centrada en la búsqueda de resoluciones en casos que involucran recursos financieros europeos, contrasta con la dinámica nacional, especialmente al limitar la participación de acusaciones populares, como las presentadas por Vox y Manos Limas en el caso de Gómez.
Con la mira puesta en tres contratos adjudicados por el organismo público Red.es a una UTE encabezada por el empresario Juan Carlos Barrabés, y ante los cuales Begoña Gómez habría firmado dos cartas de recomendación, la Fiscalía Europea ha emitido un recordatorio de su obligación sobre el juez Peinado de paralizar cualquier indagación paralela respecto a estos.
Asimismo, el escenario judicial para Begoña Gómez podría presentar ciertos respiros dado que, bajo el escrutinio de la Fiscalía Europea, evitará la exposición pública a la que están sujetas las figuras en investigaciones de carácter nacional. Esta situación, según algunas fuentes, podría interpretarse como un beneficio indirecto para el Gobierno, alimentando debates sobre la independencia real de los fiscales europeos, a pesar de que otros argumentan que esta entidad proporciona un coto más hermético y autónomo de administración de justicia.
Por otra parte, el juez Peinado se confronta a la disyuntiva de transferir las diligencias pertinentes a la Fiscalía Europea y cesar las indagaciones relativas a Red.es, o bien, explorar la posibilidad de presentar una disputa de competencia ante el Tribunal Supremo. Esta última opción, no exenta de controversia, promete intensificar las tensiones entre las respectivas fiscalías y el tribunal encargado del caso.
Adicionalmente, se destaca que la investigación extendida por Peinado supera los límites de los tres contratos señalados por la Fiscalía Europea, lo cual abre la posibilidad de que Gómez pueda ser citada por otros aspectos del caso, incluidas sus relaciones con el empresario Barrabé.
De esta manera, mientras la investigación avanza, las suspicacias sobre la gestión de los fondos públicos y la integridad de ciertos contratos gubernamentales cobran mayor visibilidad. La saga judicial continúa, prometiendo desarrollos significativos en cómo se aborda la corrupción y la influencia en las más altas esferas del poder en España.
