La izquierda abertzale ha criticado duramente la actuación del Ministerio Público en relación a las semilibertades concedidas a los presos de ETA. Según ha afirmado este grupo, el Ministerio estaría actuando de manera arbitraria y desproporcionada al recurrir la mayoría de las semilibertades concedidas hasta el momento.
En concreto, el Ministerio ha recurrido 26 de las 40 semilibertades concedidas hasta el momento, y ha logrado que una decena de terroristas vuelvan a prisión. Para la izquierda abertzale, esto supone una vulneración de los derechos humanos de los presos, y una muestra de la falta de voluntad política del Gobierno para avanzar en el proceso de paz.
Según ha expresado el portavoz de Sortu, Rufi Etxeberria, la actuación del Ministerio es «una estrategia de venganza» que busca «castigar a los presos de ETA y a sus familias». Etxeberria ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno en este proceso, y ha criticado que se estén tomando medidas sin contar con la opinión de los presos ni de sus familiares.
Por su parte, el Ministerio ha defendido su actuación, argumentando que «cada semilibertad tiene que ser valorada con cuidado y atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso». Según ha expresado un portavoz del Ministerio, «no se trata de ir contra los presos, sino de garantizar la seguridad y la legalidad».
El debate sobre las semilibertades ha sido uno de los puntos más controvertidos del proceso de paz en el País Vasco. Mientras que el Gobierno y la mayoría de partidos políticos han defendido la necesidad de conceder estas medidas para favorecer la reinserción de los presos, la izquierda abertzale ha criticado la lentitud en el proceso y la falta de concesiones por parte del Gobierno.
En cualquier caso, la situación de los presos de ETA sigue siendo uno de los principales desafíos para el proceso de paz en el País Vasco. A pesar de que se han producido avances en el terreno político y social, la situación de los presos sigue generando tensiones y desacuerdos entre los distintos actores implicados en el proceso.
En este contexto, resulta necesario buscar fórmulas que permitan avanzar en la solución del conflicto y garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las partes implicadas. La actuación del Ministerio Público debe ser valorada con cuidado y atendiendo a los principios de legalidad y proporcionalidad, sin olvidar la importancia de garantizar la reinserción social de los presos y el fin definitivo de la violencia en el País Vasco. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica en la que se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Esta noticia es un resumen informativo de noticias, puedes ampliar esta información puedes buscar en Google News o tu diario online favorito.
