El regreso a España de Carles Puigdemont, siete años después de su huída a raíz del referéndum del 1 de octubre, ha desencadenado intensas reacciones políticas, anticipando una detención que podría entorpecer la dinámica política actual. El Partido Popular (PP), a través de su vicesecretario de Institucional y eurodiputado, Esteban González Pons, no ha escatimado en calificativos para describir la situación, tachando el retorno del ‘expresident’ de «circo», «esperpento» y «ridículo político», tanto a nivel nacional como internacional.
La controversia gira en torno a la posible detención de Puigdemont, coincidiendo con el pleno de investidura de Salvador Illa programado para este jueves. Además, la presencia del político independentista en Barcelona este jueves a las nueve de la mañana, convocando a sus seguidores en el Passeig Lluís Companys, podría resultar en la suspensión del mencionado pleno, poniendo en pausa el proceso político actual.
La situación se complica aún más con el acuerdo fiscal entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que contempla conceder a Cataluña su propio régimen económico. Esta medida ha elevado las tensiones, ya que, según el PP, podría comprometer el sistema económico y el principio de igualdad en España.
El PP ha hecho gestiones para demandar explicaciones en el Congreso de los Diputados por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con los potenciales impactos de estos desarrollos políticos en la unidad y la economía del país.
En este contexto abrumado por el teatro político y las incertidumbres económicas, se vislumbra el complejo panorama que enfrenta España, en el que el regreso de Puigdemont refleja no solo la división persistente en torno a la cuestión catalana, sino también los desafíos que aguardan al gobierno y la oposición en el horizonte político y económico del país.
