La tensión política alcanza su punto álgido en vísperas de la Conferencia de Presidentes
El escenario político se encuentra en un momento de máxima tensión a pocos días de la Conferencia de Presidentes prevista para el 6 de junio en Barcelona. Las recientes revelaciones sobre el caso de las escuchas en la UCO, publicadas por Diario de Actualidad, han exacerbado la crispación entre el Gobierno y el PP, incluyendo sus bases territoriales. La reunión preparatoria para el encuentro en el Palacio de Pedralbés ya se preveía complicada, pero los audios de Leire Díez y la implicación de Pedro Sánchez e Ione Belarra en el escándalo han llevado a los populares a convocar una protesta en Madrid el 8 de junio contra lo que califican como "mafia socialista".
La pregunta que planea en el ambiente es clara: ¿cómo conciliar la imagen de un encuentro institucional con el presidente del Gobierno y, apenas 48 horas después, exigir su dimisión en las calles? La celebración de la Conferencia de Presidentes pende de un hilo, y aunque la posibilidad de un boicot de los barones del PP no está oficialmente sobre la mesa, la idea ya ronda en la mente de muchos.
El principal obstáculo para los conservadores es que, más allá de Sánchez, la fotografía institucional en Barcelona estará presidida por el rey Felipe VI. Sin embargo, la tensión no cesa. Oficialmente, las comunidades gobernadas por el PP no contemplan dejar a Sánchez solo con los presidentes socialistas, como Imanol Pradales (País Vasco) o Fernando Clavijo (Canarias). No obstante, los territorios ya preparan un posible boicot, centrado en el orden del día de la reunión, que ya había generado polémica antes del estallido del escándalo de las escuchas.
El reglamento, en el centro del conflicto
El reglamento de la Conferencia de Presidentes, aprobado en 2022, establece que el orden del día debe fijarse en un comité preparatorio con el aval de al menos diez comunidades autónomas. Sin embargo, la última reunión entre el Ministerio de Política Territorial y los representantes autonómicos terminó con un portazo de los populares, que rechazaron limitar la agenda a los temas propuestos por el Gobierno: vivienda y el modelo universitario.
Castilla-La Mancha, el País Vasco y otras regiones han dejado claro que quieren incluir en la discusión asuntos como la energía, la financiación autonómica o la seguridad, en un intento de forzar un debate más amplio. Sin embargo, las negociaciones están estancadas, y las posiciones se endurecen a medida que se acerca la fecha.
El PP amenaza con no asistir
Desde el PP, la presión aumenta. Isabel Díaz Ayuso, a través de su consejero Miguel Ángel Martín, ha advertido que si el Gobierno solo busca "una foto para tapar sus casos de corrupción", Madrid no estará presente. Otras comunidades, como Andalucía, también evalúan no asistir si no se incluyen sus demandas.
En Génova, la postura oficial es esperar un gesto del Ejecutivo, pero advierten: sin un orden del día consensuado, la Conferencia no puede celebrarse. Además, exigen un cambio en el formato de intervenciones, tras la polémica por los tiempos limitados en la última cumbre en Santander.
Antecedentes de boicot
El PP ya ha recurrido a tácticas similares en el pasado, como el boicot al Consejo de Política Fiscal o a la Conferencia Sectorial de Justicia. Ahora, la posibilidad de un nuevo enfrentamiento institucional amenaza con dejar la cumbre de Barcelona en un escenario de bloqueo total.
Con la tensión en su punto más alto, la pregunta no es solo si la Conferencia se celebrará, sino si, en caso de hacerlo, servirá para algo más que para profundizar en la división política.
