La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha interpuesto una denuncia contra altos mandos de la Guardia Civil por un posible caso de infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, derivado de un trágico suceso en el que dos agentes perdieron la vida en Barbate (Cádiz). Los agentes fallecieron tras ser embestidos violentamente por una narcolancha en el desarrollo de un dispositivo contra el narcotráfico en la zona.
El foco de la denuncia recae sobre el coronel de la Comandancia de Cádiz y el general responsable de la zona de Andalucía, a quienes se les atribuye la responsabilidad directa sobre el operativo que concluyó con la muerte de los dos guardias. La AUGC exige que se inicie una investigación penal al considerar que se pudo haber cometido un delito por incumplimiento de las normativas de seguridad e higiene en el trabajo.
La legislación actual establece que aquellos responsables de proporcionar los medios de trabajo y no aseguren las condiciones adecuadas de seguridad, exponiendo así la vida o la integridad física de sus trabajadores a un riesgo grave, pueden ser sancionados con penas de prisión. La denuncia también apunta a una posible responsabilidad penal de personas jurídicas, en este caso, aplicable a los directivos o administradores que no hayan tomado medidas adecuadas para prevenir la situación de riesgo conocida.
El suceso, ocurrido el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate, ha sido motivo de una profunda conmoción y ha abierto el debate sobre las condiciones en las que los miembros de la Guardia Civil realizan operativos de alto riesgo. Un Juzgado de Barbate ya ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias del operativo y determinar si hubo violación de los derechos de los trabajadores.
Este caso, que ahora investiga la justicia, podría establecer un precedente importante sobre la responsabilidad de los mandos de la Guardia Civil en la planificación y ejecución de operativos, especialmente en aquellos de alto riesgo como es el combate al narcotráfico en zonas clave como Cádiz, conocida por ser un punto neurálgico en la entrada de drogas a Europa.
Además de la investigación penal solicitada por la AUGC, las diligencias abiertas en paralelo buscan dilucidar si las condiciones de trabajo durante el operativo cumplieron con las normativas de prevención de riesgos laborales, en un esfuerzo por proteger la seguridad y la integridad de los agentes involucrados en este tipo de misiones críticas.
