En un movimiento legal sin precedentes, la Audiencia Nacional ha suspendido temporalmente el proceso judicial contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), acusados de terrorismo, mientras espera una respuesta crucial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La consulta realizada busca esclarecer si la aplicación de la ley de amnistía a estos casos es compatible con el Derecho Comunitario o, por el contrario, si establece un peligroso precedente de impunidad para este tipo de delitos.
El origen de la controversia se remonta a julio, cuando los magistrados, ante la incertidumbre de si la ley de amnistía podría violar seriamente el derecho de la UE, decidieron solicitar a las partes implicadas en la causa de los CDR su opinión sobre la pertinencia de consultar al TJUE. La ley, según interpretan los jueces, podría enviar un mensaje de que los delitos de terrorismo son susceptibles de perdón si se alinean con los intereses políticos de los promotores de dichas leyes.
La directiva europea, en el punto de mira de este debate, estipula responsabilidades penales para quienes participen en organizaciones terroristas, incluso sin cometer actos violentos adicionales. La ley de amnistía, por su parte, parece excluir generalmente los delitos de terrorismo de su aplicación, salvo cuando estos hayan resultado en «graves violaciones de derechos humanos» de manera intencionada, una condición adicional no prevista por la directiva europea.
Este detalle es crucial, pues sugiere que el legislador español podría estar añadiendo requisitos que alteran el alcance de la responsabilidad penal por terrorismo y, en consecuencia, podría contravenir el derecho de la UE. Los jueces expresan su preocupación sobre si este enfoque podría limitar de manera inadecuada la exclusión de la amnistía a casos extremos de violaciones a los derechos humanos, comprometiendo el principio de seguridad jurídica.
Además de estos cuestionamientos legales, la Audiencia Nacional también subraya su inquietud respecto a que la ley de amnistía, al evitar el enjuiciamiento de los acusados, actúa contra los esfuerzos unitarios de los Estados miembros por combatir el terrorismo de forma decidida y cohesiva, posiblemente favoreciendo conductas terroristas.
La decisión de suspender el procedimiento y buscar orientación del TJUE sobre estas cuestiones muestra la complejidad de aplicar la ley de amnistía en un contexto de cargos por terrorismo, especialmente en casos que pueden tener una gran carga política. Mientras tanto, el debate sobre la independencia de Cataluña y cómo gestionar sus consecuencias políticas y legales sigue siendo un tema delicado para el gobierno español, para los implicados y para la Unión Europea en su conjunto.
