El juez deja en libertad con medidas cautelares a los dos jóvenes implicados en la filtración de datos de Pedro Sánchez
Dos jóvenes, nacidos en 2006, respiraron con cierto alivio este jueves en los pasillos de la Audiencia Nacional. Aunque seguirán bajo la sombra de la investigación, el juez Francisco de Jorge ha acordado dejarlos en libertad, eso sí, con estrictas medidas cautelares: no podrán abandonar el país y deberán presentarse periódicamente ante la justicia. La Fiscalía no consideró necesaria su prisión preventiva, pero la sospecha pesa sobre ellos como presuntos responsables de un caso que ha puesto en jaque la privacidad de altas esferas del Estado, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Todo comenzó cuando las alarmas saltaron en las redes sociales. Los datos personales de políticos, ministros y periodistas comenzaron a circular en canales digitales, acompañados de mensajes amenazantes y ofertas de venta. Los investigadores descubrieron que detrás de esos perfiles había una estructura que cobraba en criptomonedas, aprovechando el oscuro rastro que deja este tipo de moneda virtual.
«Un pago de un agente encubierto»
Durante el interrogatorio ante el juez, el principal detenido reconoció parte de los hechos. Aseguró haber recibido dinero a cambio de facilitar una aplicación que revelaba información sensible, aunque negó haberla creado él mismo o participado en ataques digitales. Según su versión, la cuenta desde donde se difundieron los datos era compartida por terceras personas, cuyo paradero sigue siendo una incógnita.
Las autoridades, sin embargo, sostienen que el joven era el responsable de filtrar información de altos cargos y vender el acceso a bases de datos con material confidencial. Su presunto cómplice, por su parte, habría estado a cargo de monetizar la operación.
Operación con rastro de terrorismo
La investigación se enmarca en un sumario más amplio, protegido por secreto judicial, que incluye posibles delitos contra la seguridad del Estado o incluso terrorismo. Aunque los implicados son menores de edad, la gravedad de los hechos llevó a la Policía Nacional, en colaboración con el CNI y otras unidades especializadas, a intervenir de manera contundente.
El caso abre un nuevo debate sobre la vulnerabilidad de los datos personales en la era digital y la facilidad con la que jóvenes, armados con poco más que un ordenador, pueden acceder a información sensible. Mientras, los dos detenidos intentarán reconstruir sus vidas fuera de prisión, pero con el peso de una acusación que podría cambiar sus destinos para siempre.
