En un giro significativo dentro del caso de la Operación Kitchen, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado que figuras políticas de alto perfil como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ex secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, y el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sean llamados a declarar como testigos. Esta resolución responde a las peticiones formuladas por las acusaciones populares representadas por el PSOE y Podemos.
La Operación Kitchen, un operativo parapolicial supuestamente destinado a sustraer información sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas relacionada con el caso Gürtel, se encuentra en el punto de mira. Este caso ha tejido una compleja red de implicaciones políticas y policiales, poniendo en jaque la transparencia y el funcionamiento democrático de las instituciones del Estado.
La decisión de la Audiencia Nacional abre un nuevo capítulo en el juicio, permitiendo que los ya mencionados, junto a otras figuras políticas como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, soliciten por parte del PSOE y Podemos, presten testimonio. Sin embargo, a pesar de su disposición a aceptar prácticamente todas las pruebas testificales propuestas, el tribunal ha rechazado requerir al Ministerio del Interior un informe que precisase el coste total de la Operación Kitchen para determinar el impacto económico negativo en las arcas públicas, tal y como solicitaba la acusación socialista.
La justificación para este rechazo se centra en considerar dicho informe como una diligencia de investigación más adecuada para la fase de instrucción, ya concluida, y fuera de las competencias del tribunal en la actual fase del proceso. Además, se alega que el informe sería innecesario e inútil para los fines del juicio.
Con la actual saturación de casos en la Audiencia Nacional, aún no se ha podido asignar una fecha para el inicio del juicio, dejando en suspenso uno de los casos más mediáticos y políticamente sensibles de los últimos años en España.
A este complejo panorama se suma la exclusión de Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, de la lista de acusados debido a graves condiciones psíquicas y físicas previamente reconocidas durante la fase de instrucción.
Este escenario refleja no sólo la intrincada relación entre política y justicia en España, sino también los desafíos que enfrenta el sistema judicial para procesar casos de corrupción de alta complejidad, manteniendo al mismo tiempo la confianza en su imparcialidad y eficacia. Con el llamado a declarar de figuras políticas de alto rango, la Operación Kitchen se posiciona como un caso definitorio para la percepción pública de la integridad política y la corrupción en el país.
