El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo ha expresado su preocupación por la situación del mercado de vivienda en la ciudad. Según los datos que manejan, incluyendo la información proporcionada por informes de la propia Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), el coste medio de alquiler en Toledo se sitúa en 794 euros mensuales, una cifra que resulta inaccesible para muchos jóvenes y familias afectados además por un contexto inflacionista.
Esta inquietud surge tras la decisión del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, de no solicitar para la ciudad la declaración de Zona Tensionada de vivienda. El portavoz municipal de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha calificado la actitud del alcalde como una muestra de “cobardía y una irresponsabilidad institucional”, que impide que los ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional de acceso a la vivienda.
Fernández ha señalado que la no solicitud de esta declaración permite que los grandes tenedores de vivienda “campen a sus anchas en la ciudad de Toledo”, y considera que se está cerrando la puerta a un derecho fundamental de manera irresponsable y cruel.
Por ello, Izquierda Unida defenderá una moción en el próximo pleno con el fin de instar al equipo de Gobierno a implementar políticas de vivienda social y asequible inmediatas y, entre ellas, proponen declarar a Toledo como “zona de mercado residencial tensionado” para poder aplicar límites al precio del alquiler.
Según Fernández, esta medida es sensata y responsabilidad y se alinea con las necesidades de quienes esperan el apoyo de las instituciones en tiempos difíciles. Remarca que, de acuerdo con datos del INE, existen cerca de 3.500 viviendas vacías en Toledo que podrían salir al mercado de aprobarse la mencionada declaración, la cual ofrece beneficios fiscales a los propietarios, como deducciones significativas en el IRPF y la posibilidad de aplicar recargos en el IBI a las viviendas desocupadas.
Igualmente apunta a las dificultades enfrentadas por habitantes de la ciudad, como las mujeres cuyo salario medio anual no rebasa los 17.761 euros y los jóvenes, con una media salarial inferior a los 15.000 euros. Estas cantidades los colocan en una situación donde se ven obligados a destinar una porción significativa de sus ingresos al pago del alquiler y los suministros básicos, superando en muchos casos el 30% de sus ingresos en vivienda, umbral establecido por la Ley por el Derecho a la Vivienda para la declaración de una zona tensionada.
Izquierda Unida considera que la postura del alcalde de no solicitar la declaración corresponde a impedir de facto el acceso al derecho a la vivienda, privando a gran parte de la población de este derecho humano esencial.
