En un movimiento que pone de manifiesto las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los altos cargos judiciales en España, el Ministerio de Interior está considerando fortalecer las medidas de protección asignadas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta decisión surge tras la divulgación de información personal relevante del fiscal y de uno de sus escoltas, información que fue incluida en anexos de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y posteriormente remitido al Tribunal Supremo.
De acuerdo con fuentes cercanas a la situación, García Ortiz ha expresado su preocupación por la seguridad de su equipo y la suya propia a través de una carta dirigida a la Secretaría de Estado de Seguridad, alertando sobre el peligro que representa la difusión pública de datos sensibles como números de teléfono, direcciones postales y números de identificación personal. Esta correspondencia ha motivado al Ministerio de Interior a revisar y, potencialmente, a aumentar las medidas de seguridad en torno al fiscal general y personas relacionadas.
Esta no es la primera vez que la seguridad de figuras públicas ligadas al ámbito judicial se ve amenazada por la exposición de información personal. Sin embargo, el contexto actual añade capas de complejidad, dado que los documentos en cuestión forman parte de una investigación en curso llevada a cabo por el Tribunal Supremo. Dicha investigación involucra a García Ortiz, junto con otros dos fiscales, en la presunta filtración de información comprometedora sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El escándalo desplegado sobre estas filtraciones incluye el análisis de correspondencia electrónica y denuncias presentadas, lo que ha llevado al escrutinio público de las acciones del fiscal general y su equipo. A esto se suma la investigación de un supuesto intento de pacto con González Amador por parte de la fiscalía para reconocer delitos fiscales a cambio de beneficios en el proceso.
La situación ha escalado hasta tal punto que García Ortiz se ha visto en la necesidad de presentar un escrito al Consejo General del Poder Judicial, solicitando la revisión de los manejos de información personal dentro del informe de la UCO, documento que ha sido clave en la causa abierta por revelación de secretos.
Esta serie de acontecimientos subraya la delicada línea que existe entre el deber de transparencia en la administración de justicia y la protección de la privacidad y seguridad de aquellos que sirven al Estado en capacidades sensibles. A medida que el caso se desarrolla, queda claro que las implicaciones van más allá de la esfera legal, tocando fibras cruciales sobre seguridad, privacidad y la ética en la gestión de información sensible dentro del aparato estatal.
