En un giro notable dentro de la investigación que sigue la trayectoria del conocido productor musical Nacho Cano, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha convocado a dos policías a prestar declaración como investigados este próximo 27 de febrero. Dichos agentes, pertenecientes a la Comisaría del distrito Centro, jugaron roles fundamentales en la cadena de eventos que culminaron en la detención del artista durante el verano previo. El magistrado Carlos Valle, encargado del caso, señala a los oficiales —identificados solo por sus números profesionales— bajo la sospecha de haber cometido un delito de coacciones.
Este procedimiento legal encuentra sus raíces en las acusaciones formuladas por una de las becarias que formaban parte del grupo de 16 jóvenes bajo la tutela de Nacho Cano. Los documentos judiciales revelan que los oficiales en cuestión fueron quienes recabaron la declaración de esta becaria, uno de ellos ejerciendo además como secretario en el atestado de arresto contra Cano.
Pero la situación jurídica del productor musical presenta complicaciones adicionales, pues se halla bajo investigación en otro tribunal por presuntas violaciones contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Las autoridades sospechan que Cano empleó a estudiantes en su producción musical “Malinche” sin observar las regulaciones establecidas por la Ley de Extranjería. Por su parte, el productor defiende que su intención era formar a jóvenes mexicanos para su posterior inclusión en el musical, previsto a estrenarse el 28 de marzo de 2025 en México.
El conflicto legal que rodea a Nacho Cano parece lejos de hallar un desenlace prontamente, expandiéndose por varios frentes que incluyen demandas, testimonios policiales y recursos legales, tejiendo una compleja maraña en los tribunales madrileños. La detención del músico el pasado 9 de julio solo sirvió para exacerbar un conflicto que, aunque había estado gestándose durante meses, ha estallado con fuerza después de este incidente.
En el origen de este embrollo legal se encuentra Lesly Ochoa, una bailarina despedida del musical “Malinche” que se ha vuelto figura prominente tras su denuncia. Cano y algunos colaboradores del musical enfrentan acusaciones de fomentar la entrada irregular de bailarines mexicanos en España, un delito castigado severamente por el Código Penal español.
La defensa de Cano argumenta la dificultad de obtener los visados de estudiante de manera previa al viaje, lo que les llevó a ingresar a España como turistas para luego tramitar los permisos necesarios ya dentro del país. Sin embargo, de los 20 becados que arribaron con este propósito, solo 17 continuaron involucrados en el proyecto, destacándose el caso de Ochoa quien, tras su despido, denunció la situación ante las autoridades.
Este caso no solo saca a la luz las dificultades y desafíos que enfrentan los artistas y productores en el cumplimiento de las leyes de inmigración, sino que también plantea interrogantes acerca de las prácticas de empleo y los derechos laborales en la industria del entretenimiento. A medida que avanzan las investigaciones, las ramificaciones legales en torno a Nacho Cano y su equipo cercano parecen ensancharse, prometiendo más novedades en este ya complejo caso judicial.
