En el marco de una tensa antesala a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Emiliano García Page ha dado un giro inesperado al alinear las posturas de Castilla-La Mancha con las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Este acercamiento se produce en medio de un debate candente sobre la financiación autonómica y las implicaciones que podría tener en las negociaciones de investidura en Cataluña, con el PSC y ERC tratando de posicionar a Salvador Illa como presidente.
El presidente de Castilla-La Mancha no ha dudado en expresar su preocupación sobre el posible cambio en el modelo de financiación a favor de Cataluña, sugiriendo que esto podría comprometer la equidad en el reparto de los recursos. Esta posición encuentra eco en las declaraciones de los consejeros de Hacienda del PP, marcando un frente común poco habitual entre estos tradicionales rivales políticos. La consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, fue particularmente crítica al llegar a la reunión del CPFF, describiendo cualquier resultado que pudiera interpretarse como concesión al independentismo catalán como una “coartada para blanquear el chantaje” y una acción “humillante, injusta e inconstitucional”.
Aunque la posibilidad de modificar las reglas de funcionamiento del CPFF para limitar el poder del voto de calidad del gobierno parece improbable, el PP ha incluido esta propuesta en el orden del día, además de exigir que el gobierno se posicione claramente sobre la reforma de la financiación autonómica. La situación refleja años de estancamiento en el debate sobre cómo redistribuir los fondos entre las comunidades, un problema que persiste desde que caducó el modelo acordado en 2009.
María Jesús Montero, por su parte, enfrenta la compleja tarea de involucrar al PP en cualquier acuerdo pese a las marcadas diferencias entre las comunidades gobernadas por populares, especialmente aquellas que, como Andalía y la Comunidad Valenciana, se consideran infrafinanciadas. Emiliano García-Page ha remarcado la necesidad de que aquellos con mayor capacidad contributiva asuman una mayor carga fiscal, proyectándose como la voz de un socialismo preocupado por la justicia social y la equidad en el reparto de los recursos.
Este escenario anticipa debates intensos en la reunión del CPFF, donde también se tratará la senda fiscal de 2025. La unión de fuerzas entre García-Page y las comunidades del PP envía un mensaje claro de resistencia a cambios que puedan percibirse como privilegios indebidos hacia Cataluña, configurando un nuevo capítulo en el complejo panorama de la política fiscal y financiera española.
