La retórica se intensifica entre España e Israel a medida que las declaraciones políticas encienden la mecha de una tensión diplomática que agrava la complejidad del conflicto en Gaza. En un reciente intercambio en la plataforma de redes sociales X, el Ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha dirigido una crítica aguda hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusándole de prestar servicios a Hamás, acompañando su mensaje de un vídeo provocativo con el mensaje «Hamás: Gracias España». Esta confrontación se produce en un contexto donde la Embajada de Israel en Madrid emitiera un comunicado expresando su desaprobación por lo que consideran la adopción de «un relato falso e infundado de la organización terrorista Hamás» por parte de Margarita Robles, Ministra de Defensa de España, quien describió las acciones israelíes en Gaza como un «auténtico genocidio».
La polémica no se limita a intercambios en redes sociales; tiene implicaciones profundas y potencialmente duraderas en las relaciones entre ambos países. Israel defiende su actuación en Gaza arguyendo que se ajusta al derecho internacional, luchando contra un enemigo que, según ellos, no solo inició el conflicto sino que además utiliza a su población como escudos humanos. Las tensiones se avivan aún más con la intervención de la Corte Internacional de Justicia ordenando a Israel detener su avance terrestre en Rafah y permitir el acceso a investigadores de genocidio en Gaza, un hecho que destaca la magnitud de las consecuencias humanitarias del conflicto, con más de 35.000 ciudadanos palestinos reportados muertos.
La declaración de Robles ha generado controversia dentro de España, viéndose reflejada en su recepción durante el desfile militar del Día de las Fuerzas Armadas, donde fue recibida entre abucheos. No obstante, la afirmación de solidaridad de España con los conflictos globales muestra la complejidad de la política exterior española, que busca equilibrar la crítica con el compromiso humanitario.
Además, la controversial decisión del gobierno español de avanzar hacia el reconocimiento del Estado palestino, secundado por Irlanda y Noruega, ha provocado una reacción airada de parte del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien lo interpreta como una recompensa al terrorismo. Israel ha respondido con medidas diplomáticas y restrictivas, deteriorando aún más las relaciones bilaterales. Este deterioro es ejemplificado por la prohibición impuesta por Israel al Consulado de España en Jerusalén de prestar servicios a ciudadanos palestinos en Judea y Samaria.
El ministro Katz ha acusado públicamente a España de apoyar indirectamente a los deseos de los manifestantes propalestinos, criticando a la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, por utilizar una frase que Israel considera tiene connotaciones antisemitas. Este intercambio de acusaciones reaviva el debate sobre las políticas exteriores y las posiciones morales en el conflicto israelí-palestino, exponiendo la complejidad de las alianzas internacionales y las sensibilidades políticas en juego. La respuesta oficial israelí, limitada por ahora al comunicado de la embajada, sugiere un impasse en la cooperación bilateral, marcando un periodo de incertidumbre y tensiones renovadas en las relaciones entre España e Israel.
