La presión que los grandes inversores europeos están ejerciendo sobre España, a través de las principales agencias de calificación de riesgo del mundo, es una señal clara de que el gobierno español debe ponerse al día con los pagos de los laudos arbitrales internacionales a los que ha sido condenado. Esta situación, que ha acumulado más de 700 millones de euros en pagos no realizados, es resultado de los recortes de las primas a las energías renovables aplicadas durante la pasada década por los gobiernos del PSOE y del PP.
Los fondos de inversión europeos, encabezados por el gigante francés Antin, han elevado quejas al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las tres principales agencias de calificación de deuda (S&P, Moody’s y Fitch). Estas quejas hacen referencia al incumplimiento de las obligaciones de pago por parte del Estado español, lo que provocaría un impacto negativo en la calificación crediticia de España, aumentando los costes de endeudamiento del Gobierno y de la economía española en general.
Los inversores han presentado una reclamación total de más de 200 millones de euros, incluyendo principal, intereses y costas. Además, se han producido reclamaciones por valor de 9.500 millones de euros, muchas de las cuales aún están abiertas. Estos fondos también están intentando que se reconozcan sus reclamaciones en otros países, como Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, para poder ejecutar las indemnizaciones.
Mientras tanto, el gobierno español está tratando de luchar contra las reclamaciones de los fondos de inversión, argumentando que el derecho comunitario prevalece sobre el Tratado de la Carta de la Energía, como reconoció el caso Achmea. También temen que, de realizar los pagos, la Comisión Europea pueda interpretar esto como ayudas de Estado incompatibles con la Unión Europea, como ocurrió con el caso Micula.
A pesar de estas dificultades, España debe hacer frente a sus obligaciones y evitar que la presión de los fondos de inversión europeos provoque un deterioro de la calificación de deuda soberana, con el consiguiente aumento de los costes de endeudamiento. La única forma de salir de este impasse es asegurar que los pagos se realicen de forma inmediata y justa, para evitar daños a la economía española.
