Entre los cuatro grados de incapacidad permanente que reconoce la Seguridad Social —parcial, total, absoluta y gran invalidez—, el último es el más protegido y, a la vez, uno de los peor comprendidos. La gran invalidez no es simplemente una incapacidad muy grave: es la situación del trabajador que, además de no poder ejercer ninguna profesión, necesita la ayuda de otra persona para los actos esenciales de la vida diaria, como vestirse, comer o desplazarse.
Un complemento, no solo una pensión
La particularidad económica de la gran invalidez está en su complemento. El beneficiario cobra el 100% de la base reguladora, igual que en la incapacidad permanente absoluta, pero con un añadido destinado a retribuir a la persona que le atiende. Según el artículo 196.4 de la Ley General de la Seguridad Social, ese complemento se calcula sumando el 45% de la base mínima de cotización vigente y el 30% de la última base de cotización del trabajador, con la garantía de que nunca será inferior al 45% de la pensión percibida.
En la práctica, esto significa que la gran invalidez puede suponer varios cientos de euros mensuales por encima de una incapacidad absoluta, una diferencia que se mantiene de por vida. Por eso la correcta calificación del grado tiene en estos casos un impacto económico enorme.
Compatible con la atención en el entorno familiar
El complemento se abona con independencia de quién preste la ayuda. No es necesario contratar a un cuidador profesional: si es un familiar quien atiende al gran inválido, el complemento se percibe igualmente, como una compensación por esa dedicación. Es un matiz que muchas familias desconocen y que convierte la gran invalidez en un apoyo económico real para los cuidados en el hogar.
Fiscalidad ventajosa
A las ventajas de cuantía se suma la fiscal: la pensión de gran invalidez, como la de incapacidad permanente absoluta, está exenta del IRPF, conforme a la normativa del impuesto. El pensionista percibe el importe íntegro, sin retención. Los abogados de incapacidad permanente de Grupo Novalegal —NOVA SEGURIDAD SOCIAL Y CONSULTORÍA S.L.P., con oficinas en Barcelona y Madrid— advierten de que el salto de la incapacidad absoluta a la gran invalidez se deniega con frecuencia en vía administrativa, pese a que el cuadro clínico justificaría el complemento. Según el despacho, acreditar la necesidad de ayuda de tercera persona con informes médicos concretos sobre la autonomía del paciente es la clave de estos expedientes. Para las familias que asumen el cuidado de un ser querido con una incapacidad grave, conocer bien este grado puede marcar una diferencia económica decisiva.
