Desde La Moncloa en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado tras el último Consejo de Ministros del año, una serie de medidas para contrarrestar los retos económicos y sociales causados por situaciones internacionales y problemas domésticos como la sequía. Se ha aprobado un Real Decreto-ley que prorroga diversas iniciativas, incluyendo el escudo social, para proteger a las familias, trabajadores y colectivos vulnerables.
Una de las medidas clave es la revalorización de las pensiones en 2024 en línea con el IPC, beneficiando a 11,8 millones de personas con aumentos del 3,8% y hasta del 14,1% para ciertas pensiones. El Salario Mínimo Interprofesional se mantendrá hasta nuevo acuerdo y se prohíben despidos por costes energéticos al menos hasta junio de 2024.
Además, se prorroga la reducción del IVA en alimentos básicos y energía, así como los impuestos especiales de electricidad hasta mediados de 2024. Sánchez ha mencionado el mantenimiento de los gravámenes a los beneficios extraordinarios de empresas energéticas y bancarias, con deducciones previstas para inversiones estratégicas.
Las medidas de apoyo a colectivos vulnerables, como la limitación en la subida del precio del gas o la prohibición de cortes de suministros básicos, se extenderán por seis meses más. Se prorrogarán las ayudas al tejido empresarial y el transporte público permanecerá gratuito o con grandes descuentos durante 2024.
El real decreto también incorpora nuevas medidas sociales, como la eliminación de comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años y discapacitados y la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas. Se amplían las medidas para protección de deudores hipotecarios, incluyendo la suspensión de comisiones y se promueve la estabilidad laboral con una oferta de empleo público que añade 884 plazas.
El Gobierno ha prorrogado la presencia militar española en el exterior hasta finales de 2024 y ha nombrado a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. Estas medidas buscan reforzar la estabilidad financiera y atraer inversión mientras se preserva el bienestar de la población afectada por la coyuntura actual.
