A medida que se acerca la aprobación de la ley de amnistía, surgen serias dudas sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda beneficiarse de esta medida. Fuentes cercanas al tema han destacado las reticencias de los cuatro fiscales encargados del procés, quienes cuestionan la aplicabilidad de la amnistía tanto para Puigdemont como para Oriol Junqueras, enfrentando cargos por malversación agravada y terrorismo, respectivamente.
La incertidumbre gira en torno a las complicaciones que la ley podría presentar en su aplicación práctica, una preocupación compartida no solo por los fiscales directamente involucrados en los casos del procés, sino también expresada en las discrepancias palpables dentro de la Fiscalía General del Estado. En un esfuerzo por coordinar una postura unificada, el fiscal general Álvaro García Ortiz ha convocado a una serie de reuniones clave con fiscales de diferentes áreas y jurisdicciones, incluyendo a los responsables en Cataluña, con el objetivo de debatir en profundidad la aplicabilidad de la nueva normativa.
Estas diferencias internas en el seno de la Fiscalía revelan la complejidad y los desafíos que subyacen a la implementación de la ley de amnistía, lo cual lleva a plantearse cómo será gestionada su aplicación una vez entre en vigor. Con procedimientos que afectan aproximadamente a 400 casos relacionados con el proceso independentista catalán, la posición que adopte la Fiscalía se antoja crucial para el devenir de estos procesos judiciales.
Frente a este escenario, las opciones que dispone la Fiscalía General del Estado no están exentas de controversia y resistencia. La necesidad de mantener una unidad de actuación y una dependencia jerárquica se enfrenta al derecho de los fiscales de expresar discrepancias con las decisiones impartidas, tal como lo establece el Estatuto Fiscal. Esta situación pone de manifiesto la delicada balanza entre la obligación de seguir directrices claras y la posibilidad de cuestionarlas mediante canales formales, como la elevación de consultas a la Junta de Fiscales de Sala.
En este contexto, la aprobación inminente de la ley de amnistía no solo marca un posible antes y después en cómo se abordan los casos derivados del procés, sino que también evidencia las tensiones y los dilemas internos a los que se enfrenta la Fiscalía en su intento por aplicar una ley que, sin duda, suscita divisiones de criterio y enfoques legales. La capacidad de Puigdemont y Junqueras de acogerse a la amnistía parece ser, entonces, no solo una cuestión legal, sino también un reflejo de las profundas grietas dentro del sistema judicial español en torno al proceso independentista catalán.
