En una maniobra legislativa que marca el compás de la tensión política en España, el Senado, dominado por una mayoría absoluta del Partido Popular (PP), ha dado luz verde a un veto sobre la ley de amnistía, apenas dos meses después de que el texto iniciara su andadura en la Cámara Alta. Este movimiento, resultado de una reforma del reglamento llevada a cabo por el propio PP para dilatar el procedimiento, sitúa al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) frente al desafío de aprobar esta normativa controvertida a las puertas de los comicios europeos, marcando el tono de un debate esperado con gran expectación para el próximo 30 de mayo.
El ambiente en el pleno del Senado este martes reflejó una batalla de reproches entre las filas del PSOE y el PP, anticipando un período de hostilidades políticas en aumento conforme avanza la tramitación de la ley y se intensifica la tensión electoral. Alicia García, portavoz del PP en el Senado, arremetió contra la propuesta de amnistía, calificándola de «negocio» a un «precio descomunal» para la ambición política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y denunciando lo que ve como un primer paso hacia la «adulteración liberal de la democracia».
La controversia en torno a la ley de amnistía trasciende las disputas partidistas, adentrándose en el complicado terreno del proceso independentista de Cataluña. El PP ha avivado la posibilidad de que esta amnistía sólo sea el comienzo de un proceso que podría culminar en un referéndum de independencia, una acusación que subraya la profunda polarización política en el país.
Mientras tanto, los socialistas se han esforzado en remarcar los resultados de las recientes elecciones catalanas, interpretándolos como un respaldo a la política de convivencia propuesta por Sánchez. Este argumento, sin embargo, es resistido ferozmente por el PP, que percibe en la obstinación del PSOE por la amnistía una muestra de corrupción política sin precedentes en la democracia española.
Ambos partidos intercambiaron acusaciones de «quebrantar la Constitución», interpretando de manera divergente el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley. El PSOE, apoyándose en el pronunciamiento de esta comisión, defendió la legalidad y necesidad de la amnistía, señalando a su vez al PP por su táctica de dilación en la tramitación de la ley.
A pesar de las tensiones, el PP decidió retirar su requerimiento de conflicto de competencias entre el Senado y el Congreso, una decisión que sugiere una estrategia más cautelosa de lo anticipado frente a la posible respuesta del Tribunal Constitucional. Este giro en los acontecimientos indica una desconfianza profunda dentro del PP hacia dicho tribunal y su posible veredicto sobre la amnistía.
La situación se enmarca en un contexto de cálculo político complejo, con ERC y Junts mostrando triunfalmente las concesiones arrancadas al gobierno de Sánchez, y donde la presentación de la ley de amnistía es vista no como un gesto de convicción socialista, sino como el cumplimiento de una exigencia política por parte de las formaciones independentistas. Con el debate en el Congreso programado para finales de mayo, España se encuentra en un momento crítico, entre el imperativo de la conciliación y la persistente sombra del conflicto territorial.
