Según un reciente estudio de EQS Group, líder del mercado europeo en herramientas de cumplimiento, el 62% de las empresas españolas ha registrado al menos una denuncia interna en los últimos doce meses, a raíz de la aprobación de la Ley de Protección al Informante, también conocida como Ley Whistleblowing.
Esta ley, que entró en vigor en febrero, obliga a las empresas con 50 o más empleados a disponer de un canal de denuncias por el cual los trabajadores puedan comunicar de manera anónima las infracciones normativas, salvaguardando así al informante y previniendo potenciales represalias.
El estudio detalla que la mitad de las denuncias estaban relacionadas con conflictos internos del personal, necesitando la intervención del departamento de Recursos Humanos. El 15% de las denuncias se vinculaban con violaciones de las normas sociales y los derechos humanos, mientras que el 13% estaban relacionadas con la corrupción.
El estudio también reveló que el 41% de las empresas registró menos de diez denuncias en los últimos doce meses, y que el 21% de las empresas españolas encuestadas aún no cuenta con un canal de denuncias, un registro peor que la media europea donde ‘solo’ el 15% no lo tiene todavía.
Pese a estos datos, el 58% de las empresas ha afirmado haber realizado cambios para adaptarse a la Ley de Protección al Informante. La mayoría de las empresas que disponen de un canal de denuncias (79%) lo pone a disposición también de proveedores, clientes, socios y accionistas, promoviendo una mayor transparencia en sus relaciones.
El 75% de las empresas han implementado canales de denuncias desde hace más de un año, en previsión de la ley española que surge como resultado de la Directiva UE 2019/1937 de Protección de los Denunciantes, promulgada en 2019. En cambio, el 50% de las empresas implementó este canal de denuncias desde hace más de tres años.
«Aunque las empresas aún deben hacer un esfuerzo por cumplir con los requisitos de la Ley de Protección de Informantes, los datos sobre la adopción de un canal de denuncias son positivos y presentan un panorama empresarial comprometido con la transparencia y la protección de los valores éticos comunes, tanto a nivel europeo como en España», afirma Murray Grainger, Country Manager de EQS Group en España.
La Encuesta de Whistleblowing 2023 fue realizada a profesionales de cumplimiento europeos entre marzo y abril de 2023, con el objetivo de comprender cómo las empresas están lidiando con los requisitos de las nuevas leyes de protección a los informantes y qué tan preparadas están para superar los futuros desafíos de cumplimiento.
La nueva legislación de la Unión Europea sobre denuncias obliga a las empresas con más de 50 empleados a establecer canales internos de denuncia. Las empresas con 250 o más empleados deben tener un canal de denuncias desde el 13 de junio, mientras que las empresas entre 50 y 250 empleados tienen de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.
